La oposición francesa considera que Fabius debe dimitir, por mentiroso o por incapaz

El ex ministro de Defensa, Charles Hernu, designado el pasado miércoles por Laurent Fabius como la persona que dio la orden, junto con el almirante Pierre Lacoste, de hundir el Rainbow Warrior, mantuvo ayer un completo silencio. Hernu, que es alcalde de un pequeño pueblo, se reintegró a su ayuntamiento y se limitó a responder con un lacónico "sin comentarios" a las preguntas de los periodistas. La oposición, por su parte, considera que las explicaciones de Fabius son insuficientes y que debe dimitir, porque, o bien ha mentido o bien ha demostrado ser incapaz de controlar a su propio Gabinete.

Medios próximos al palacio de Matignon consideraron, por el contrario, que las últimas revelaciones de Fabius ponen fin a la polémica. Sus explicaciones permiten responder a todos los interrogantes, salvo a tres: ¿qué papel jugó el general Jean Saulnier, ex jefe del Estado Mayor particular del Elíseo y actual jefe del Alto Estado Mayor?, ¿cómo es posible que Hernu engañara a su íntimo amigo François Mitterrand? y ¿cómo explicar que los colaboradores de Fabius dieran el visto bueno para desbloquear los 34 millones de pesetas que costó la operación sin sospechar que una suma tan elevada no podía estar destinada a una simple tarea de información?La ofensiva de la derecha tropieza con un grave inconveniente en la primera pregunta. La oposición no puede poner en tela de juicio a la cúpula del Ejército sin riesgo de desprestigiarse ella misma. Ésta sería la explicación a la sorprendente pasividad de Raymond Barre, que se ha negado a realizar comentarios a lo largo de todo el escándalo.

La versión ofrecida por Fabius podría tenerse en pie si Hernu y el almirante Lacoste aceptan guardar silencio y si nadie encuentra pruebas suficientes en contra, lo que parece difícil, puesto que el nuevo titular de Defensa, Paul Quilès, ha rec6nocido que han desaparecido "importantes documentos". Según el semanario L'Express, los documentos no han sido destruidos, pero se encuentran bajo buen recaudo.

Fabius tiene que esforzarse ahora, para calmar las aguas del Ejército y de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), en lograr la liberación de los dos agentes detenidos en Nueva Zelanda. El ministro de Asuntos Exteriores, Roland Dumas, se ha vuelto a entrevistar en Nueva York con el viceprimer ministro de ese país, Jeoffirey Palmer, para discutir los términos de un posible acuerdo.

Según el jefe del Gobierno de Wellington, David Lange, los dos oficiales comparecerán ante el juez, como estaba previsto, el 4 de noviembre, y las conversaciones tratarán sólo sobre el montante de la indemnización que pagará París a Nueva Zelanda y que, según él, deberá rondar los cinco millones de dólares. Fuentes oficiosas señalan que París podría pedir al Gobierno de Margaret Thatcher que presione sobre Lange para lograr la deportación de los dos espías.

Prestigio y mal carácter

El nuevo director de la DGSE, general René Imbot, ha recibido la tarea de reorganizar los servicios. Es un militar de reconocido prestigio y mal carácter, según sus subordinados. Imbot, que entró en el maquis a los 16 años y que desarrolló 20 años de su carrera en la Legión Extranjera, una de las unidades más duras del Ejército francés, no tiene experiencia directa en el campo del espionaje, pero es un buen organizador y presenta una espléndida hoja de servicios tanto en la guerra de Indochina como en otros destinos en el exterior.El nuevo patrón de la DGSE confirmó que los agentes que filtraron informaciones a la Prensa serán perseguidos ante la justicia. Amigos de los detenidos (que son ya cinco oficiales y suboficiales) explican que los informadores actuaron así para proteger a sus dos colegas arrestados en Nueva Zelanda y obligar al Gobierno a admitir su responsabilidad política.

El Partido Socialista Francés, por su parte, espera que el escándalo amaine estos días, gracias tanto a las declaraciones de Fabius como a las elecciones locales que se celebrarán el próximo domingo en Nueva Caledonia y que atraen ahora la atención de todos los políticos, hasta el extremo de justificar la presencia en Numea del presidente del RPR (Asamblea para la República), Jacques Chirac, y del dirigente del ultraderechista Frente Nacional, Jean Marie Le Pen.