El fiscal del fraude a la Seguridad Social pide que el sumario se fraccione en 99 causas

El volumen y la complejidad del sumario sobre el fraude a la Seguridad Social, que instruye el Juzgado número 2 de Barcelona, podría desbordar a la actual Administración de justicia. Esta afirmación se desprende del escrito que el ministerio fiscal dirigió el pasado 4 de septiembre al juez que investiga el caso, en el que proponía que la causa se fraccione en 99 procedimientos, evitando de esta manera un juicio multitudinario que podría tardar hasta nueve años en celebrarse. El sumario sobre este fraude empezó a instruirse en enero de 1983. Han sido investigadas 150 empresas y procesadas 73 personas. El valor de lo defraudado es de 3.200 millones de pesetas.

El fiscal prevé que al finalizar la instrucción de la causa el número total de procesados puede ser de unas 150 personas. Por otra parte, el sumario pasará de tener los 70.000 folios actuales a 100.000. En opinión del fiscal, la presencia de tantos procesados y tantos datos podría dar lugar a una vista oral cuya "duración y vicisitudes superasen nuestra iniaginación". Con estos argumentos, propone el fraccionamiento del sumario en 99 partes, que son los volúmenes instruidos hasta ahora, en las que se agrupen, por un lado, los funcionarios supuestamente implicados y, por otro, cada una de las empresas o grupos de empresas investigados.La propuesta del fiscal, que debe ser estudiada por el instructor Germán Gambón, ha sido acogida favorablemente por el abogado del Estado, pero criticada con dureza por la mayor parte de los letrados defensores de los implicados, quienes reivindican el derecho a la unidad del procedimiento.

Politización del caso

Según estos letrados, la propuesta del acusador se basa en un error de principio, ya que -dicen- la causa será sobreseída para la mayor parte de los implicados antes de la apertura del juicio oral. Los defensores añaden que si se acepta la sugerencia, del fiscal podría provocarse una situación de indefensión de los acusados, y resultaría violado el principio de conexidad entre acusados. El abogado Joan Piqué Vidal, que defiende a bastantes de los empresarios catalanes implicados en este fraude, se opone a la petición del fiscal esgrimiendo argumentos de tipo político. Según Piqué, "esta causa se presentó a la opinión pública como el gran fraude de la industria catalana a la Seguridad Social, como si fuera el industrial catalán el hombre malo que causaba perjuicios a este instrumento social. Medios de comunicación hablaron de proceso a la burguesía catalana".En su opinión, la "única reparación pública a la politización del tema se conseguirá con un juicio oral, público y evidentemente masivo".

El mismo letrado asegura que todo este procedimiento judicial constituye un ataque injustificado a los industriales de Cataluña, y que, por ello, "el pueblo catalán no merece una absolución o un sobreseimiento callado, sino al revés: necesita reivindicar la posición honesta de siempre y de sus industriales". Añade que la investigación estuvo dirigida hacia las empresas más destacadas y representativas de la economía catalana, y acaba su escrito refiriéndose a quienes "no midieron las consecuencias" de este proceso, que "no deberán en su momento quedar impunes de responder ante su conciencia y ante el pueblo catalán de la acción realizada".

Piqué recalca una serie de datos que, en su opinión, podrían evidenciar una cierta animadversión hacia los empresarios catalanes. Destaca el hecho de que los ordenadores de Orcasitas (Madrid) de la Seguridad Social tuvieran "sólo errores en las liquidaciones procedentes de Barcelona", o que "la falta de personal o medios en los servicios administrativos de la Seguridad Social sólo tuvieran fallos en los de Barcelona".

En algunos medios jurídicos se señaló ayer a este periódico que existe cierta concomitancia entre los argumentos políticos esgrimidos ahora por Piqué Vidal y los expuestos en la defensa de los 25 ex consejeros de Banca Catalana incluidos en la querella presentada por el fiscal contra los antiguos administradores del grupo bancario.