El Grupo Socialista propiciará la creación de un órgano que dirima los conflictos policiales

El Grupo Parlamentario Socialista propiciará, por vía de enmienda, la creación de un órgano de arbitraje que dirima los posibles conflictos entre la policía y el Ministerio del Interior, a fin de paliar la ausencia del derecho de huelga para estos funcionarios en la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ésta es la principal conclusión de la reunión que ayer mantuvieron dirigentes del grupo y de la ejecutiva del PSOE por separado con la coordinadora de sindicatos policiales y con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Este último entregó al PSOE su propio proyecto alternativo a la ley.

El proyecto alternativo del SUP comprende la creación de una comisión parlamentaria que tenga acceso y control directo sobre los archivos de la policía, asi como propugnan la prohibición de investigar personas o instituciones por razón de su ideología.La creación de este órgano de arbitraje y mediación que dirima los conflictos policiales fue el único extremo que admitió como posible el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval, que prefirió guardar silencio sobre las introducciones que el Gobierno está dispuesto insertar en esta ley, toda vez que el plazo de presentación de enmiendas a la misma no concluye hasta el próximo día 30.

"Creo que la ley debe ir más allá de su actual redacción y establecer fórmulas alternativas al derecho de huelga, a través de la mediación y el arbitraje", dijo Martín Toval, para quien un servicio "tan esencial" como el de la policía no puede paralizarse. Así se descarta la posibilidad de reconocer a estos funcionarios el derecho a la huelga.

"No renunciamos a este derecho", afirmó por su parte Francisco López Antonio, secretario de organización del SUP, aunque implícitamente reconoció que con este órgano de arbitraje se darían en principio por satisfechos.

La militarización

Tanto este sindicato como la coordinadora mantienen que esta ley consagra la militarización de la policía, concepto que no comparte el Grupo Socialista. Se descarta así que la policía tenga otra denominación que no sea la fijada en la ley, de instituto civil armado.Javier Tirado, portavoz de la coordinadora de sindicatos políciales, que agrupa a seis organizaciones con excepción de la Guardia Civil, enumeró los principales puntos reivindicativos, que se resumen en la desmilitarización de la ley y el reconocimiento de idénticos derechos de los que goza el funcionariado de la Administración civil.

El SUP, por su parte, mantiene unos postulados más radicales que esta coordinadora, y el énfasis es mayor en lo que respecta a la Guardia Civil, cuerpo al que contemplan con un carácter netamente civil.

El proyecto alternativo que el SUP ha elaborado presenta aspectos más progresistas que la propia ley en extremos tales como la tortura. "Pedimos mayor garantía ante los posibles casos de tortura, práctica que hay que erradicar y denunciarla", afirmó Francisco López Antonio.

El control de los archivos policiales por parte de una comisión parlamentaria es otro de los aspectos contemplados por el SUP. "Debe prohibirse recoger datos de personas por razón de su ideología, así como la inveátigación de organizaciones legalmente constituidas", afirmó este portavoz policial. López Antonio considera que un ciudadano no puede ser retenido más de dos horas a efectos de identificación, y que el secreto profesional de la policía debe tener limitarse ante cualquier demanda de datos de los tribunales de Justicia.