Vista del recurso contra el procesamiento de siete periodistas por un libro sobre el 23-F
Los recursos de apelación contra el procesamiento de los siete periodistas autores del libro Todos al suelo, sobre el 23-F, serán vistos el próximo martes ante la Audiencia Provincial de Madrid. José Luis Martínez, Ricardo Cid Cañaveral, José Ángel Esteban, Juan Van den Eynde, Rosa López, Fernando Jáuregui y Bonifacio de la Cuadra fueron procesados por supuesta calumnia por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, José Antonio Nodal de la Torre, a instancia de cinco de las personas que en la obra citada se mencionaron como integrantes del colectivo Almendros, que publicó artículos golpistas, poco antes del 23 de febrero de 1981, en el diario ultraderechista El Alcázar.Los recursos presentados en su día por los abogados de los procesados -Pablo Castellano, Francisca Sauquillo, Manuel Jiménez de Parga, José María Mohedano y José Folguera- solicitaron que testificaran los periodistas José Oneto, Pilar Urbano y. Miguel Ángel Aguilar, el ex director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, y el director del gabinete del Ministerio del Interior en el momento del intento de golpe, Joaquín Argote.
Con estos testimonios, que fueron denegados por el juez instructor, los abogados pretendían confirmar la tesis de que la mención de los ex ministros franquistas Federico Silva Muñoz y Gonzalo Fernández de la Mora, así como la de los también políticos del anterior régimen Jesús Fueyo y Luis de Jáudene y la del columnista de El Alcázar, Angel Palomino, como integrantes del colectivo Almendros, respondió a la información contrastada en áreas gubernamentales en el momento de elaborarse la única edición del libro.
Asimismo, se trataba de demostrar que el propio Gobierno ordenó investigar a algunos de los querellantes.
Uno de los recursos, el presentado por el diputado socialista y presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Pablo Castellano, pide en concreto la revocación de los procesamientos por considerar que los querellantes tienen un "exceso de susceptibilidad política impropio de personajes públicos".
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