Colorado pide información al abogado De Lucas sobre su detención en una comisaría

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José María Rodríguez Colorado, recibió el pasado viernes por la tarde al ahogado Aurelio de Lucas para conocer su versión sobre las circunstancias en que se produjo su detención en la comisaría de policía de Centro, el pasado martes por la noche.

Aurelio de Lucas declaró después de ser puesto en libertad que no se le aplicó ni uno sólo de sus derechos durante las horas que estuvo detenido. La entrevista se produjo por iniciativa de Rodríguez Colorado, quien prefirió conocer las dos versiones de lo sucedido, después de recibir un informe policial en que se decía, por citar un extremo, que el abogado no llegó a estar preso en los calabozos.Aurelio de Lucas declaró ayer a este periódico que la entrevista transcurrió en un clima cordial: "Yo di mi opinión al delegado sobre los comportamientos y pautas de conducta de la policía en general, aunque también me centré en mi caso particular y en las relaciones entre los policías de la comisaría de Entrevías y el vecindario, que están muy viciadas, sobre todo por la actitud policial de considerar al barrio como una especie de campo de batalla donde sus habitantes son enemigos y hay que tratarlos desde una posición de fuerza. Barrios tan conflictivos como el de Entrevías, con altos índice de paro y familias hacinadas en chabolas o casas pequeñas, requieren un tipo de policía con una formación más sólida".

La detención de Aurelio de Lucas fue realizada por policías nacionales en la calle de Augusto Figueroa cuando De Lucas se interesó por un joven al que otros policías procedían a registrar. Según la policía, De Lucas interfirió la acción policial, por lo que fue detenido y trasladado a la comisaría de Centro donde permaneció cerca de cinco horas.

Por otra parte, el Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid hizo ayer público un comunicado en el que denuncia "la detención ilegal de nuestro compañero Aurelio de Lucas" a la que califica como una "muestra más de la sistemática conculcación de la ley de asistencia letrada al detenido y preso a que se ven sometidos los ciudadanos en los centros de detención". El comunicado señala también que "la muerte de ciudadanos por miembros de la policía y del Ejército evidencia una vez más que tales actuaciones no sólo son contrarias a un estado de Derecho sino que responden a la política represiva del Gobierno".