El Estado fija en cero pesetas el justiprecio para las acciones de Galerías Preciados

La Dirección General del Patrimonio del Estado elevó al Tribunal Provincial de Expropiación de Madrid su hoja de valoración de las acciones de Galerías Preciados a principios del pasado mes de julio, estimando el valor de dichas acciones, a efectos de justiprecio para los accionistas minoritarios ajenos al grupo Rumasa, en cero pesetas. La asamblea de accionistas minoritarios de Galerías, cuyo número se aproxima a los 20.000, había fijado el justiprecio de las acciones en el 143,6% (718,05 pesetas por acción, que, una vez sumado el 5% de premio de afección, se elevaba a 753,90 pesetas por acción).

La presentación por parte del Patrimonio de su valoración de las acciones expropiadas de Galerías Preciados hace prácticamente inviable cualquier posibilidad de acuerdo entre las partes. El director general del Patrimonio, Javier Moral, mantuvo dos reuniones con los representantes de los accionistas privados de Galerías Preciados a lo largo del año en las que a nivel oficioso llegó a ofrecer una valoración del 50% para las acciones -en el momento de la expropiación de Rumasa cotizaban en la bolsa al 26%-, lo que suponía un desembolso por el Estado de unos 5.000 millones de pesetas, lo que no fue aceptado en ningún momento.La Administración, a la hora de calcular el justiprecio de estas acciones, ha tenido en cuenta el valor del patrimonio neto contable de la empresa, que, según la auditoría realizada por Arthur Andersen, se elevaba a 20.221 millones de pesetas, y los resultados de explotación correspondientes a los tres últimos ejercicios, cuya media era negativa en 5.144 millones de pesetas. El Estado, en sus cuentas, capitalizó dichas pérdidas a la tasa media de rendimiento de las obligaciones del Estado en el momento de la expropiación (un 16%), lo que le permitió establecer un valor de explotación negativo en 31.965 millones de pesetas, que, descontados del patrimonio neto contable, arrojaron una valoración del justiprecio negativa en 5.8172 millones.

Discrepancias legales

Los representantes de los accionistas minoritarios de Galerías Preciados han rechazado la hoja de aprecio elaborada por la Dirección General del Patrimonio, alegando que el Estado "no sólo ha interpretado a su conveniencia la norma recogida en la ley y el decreto-ley de expropiación de Rumasa, sino que ha creado una nueva norma".Los accionistas minoritarios aseguran que el Patrimonio no ha tenido en cuenta operaciones de ajustes contables, así como de consolidación con otras empresas del grupo. En concreto, citan a la antigua Sears, Mantequerías Leonesas y Marcol, que incrementarían el patrimonio en más de 800 millones.

Otro de los argumentos que esgrimen los socios minoritarios es que la Administración no ha contabilizado el valor de los bienes inmuebles de la sociedad. "Sin embargo, estos bienes inmuebles de la sociedad", afirma un representante de los accionistas, "valorados en el balance cerrado en el momento de la expropiación en 21.916 millones de pesetas, han sido aceptados como garantía hipotecaria en la concesión a la empresa de diversos créditos por importe de 11.500 millones de pesetas".

Según fuentes de la Administración, "resulta curioso que hayamos llegado a acuerdos mutuos en todas las empresas, con la misma normativa legal en la mano, menos en Galerías Preciados, donde además se les hizo una oferta verbal que doblaba el valor de sus acciones sobre el día de la expropiación". Los enfrentamientos entre las partes han llevado también a una intervención del defensor del pueblo, Joaquín Ruíz-Giménez, solicitada por los accionistas por retrasos administrativos.