Pintadas

EL JUICIO contra un profesor de bachillerato que publicó en una revista de su instituto -en Sanlúcar de Barrameda- la transcripción de las pintadas hechas por los alumnos en las paredes del cuarto de baño, siguiendo ellos una tradición escatológica que se perpetúa desde tiempos inmemoriales, tiene sabores de esperpento. Los profesores y alumnos de ese centro de enseñanza, dejándose llevar de algunos signos externos de libertad, quisieron que la revista -titulada Al Andalus- fuese una publicación abierta, con discusiones públicas sobre el contenido y colaboración de todos. El profesor Pedro Barrios creyó conveniente publicar las pintadas como la exposición de un hecho reprobable. Supuso que la letra impresa tendría un carácter revelador y sería una especie de ejercicio freudiano, o de catarsis, para los urgidos de esta obsesión de las inscripciones en los urinarios. Pero hete aquí que algunos padres de familia -partidarios de que las expansiones de sus hijos se limitaran al chirrido del lápiz sobre la cal del recinto cerrado o retrete- no estuvieron de acuerdo con el sentido pedagógico -dudoso, desde luego, en cuanto a resultados- del hecho y denunciaron el caso ante el juzgado. Con mejor sentido, la mayoría de los padres de los alumnos restaron importancia al incidente y convencieron a los denunciantes para que no formalizasen la querella, no sin que el profesor hubiera sido ya trasladado de centro y de ciudad, para lo que se llama evitar roces. Pero la fiscalía de Cádiz consideró que se trataba de un delito de escándalo público perseguible de oficio. No sólo el profesor, sino tres de los jovencísimos escritores fueron llamados a juicio. Habían escandalizado. Maldito aquél por quien el escándalo llegue. Frente al divino anatema, el ministerio público concretó su maldición humana en peticiones concretas y solicitó, inicialmente, nada menos que cinco meses de arresto mayor, siete años de inhabilitación profesional y 300.000 pesetas. El auténtico escándalo suscitado por esa petición fiscal hizo tal vez reflexionar a quien la hacía y el ministerio público modificó en la vista oral la calificación de los hechos, pidiendo 10 días de arresto y 30.000 pesetas de multa para cada uno de los acusados. Si se recuerda el contraste -recogido por el fiscal general del Estado en su Memoria- entre el elevado número de procedimientos penales en curso y la baja cifra de sentencias dictadas a lo largo de 1984, este juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz adquiere perfiles grotescos. La administración de justicia se halla atascada por la proliferación de querellas y denuncias referidas a asuntos graves y por la baja capacidad resolutiva de los tribunales. ¿Tiene entonces el más mínimo sentido que se ponga en marcha su pesada maquinaria para dirimir conflictos cuya inclusión en el ámbito penal es una decisión rayana en el absurdo? La querella del fiscal del Estado en el asunto de Las Vulpes, acusadas de haber cantado una letra indecente por televisión, mostró ya la escasa sensibilidad del ministerio público para distinguir entre conductas penalmente perseguibles y otras cuya consideración se refiere al buen o mal gusto de las personas. El juicio contra el profesor y los alumnos del Instituto de Sanlúcar de Barrameda indica que el fiscal del Estado y sus subordinados no se hallan demasiado dispuestos a encontrar esa "línea de equilibrio óptimo entre la cantidad de criminalización y las incitaciones a la permisividad", cuya búsqueda, la propia Memoria de la fiscalía aconseja a los ciudadanos. La declaración del fiscal de Cádiz como persona non grata por algunas fuerzas políticas andaluzas es un hecho simbólico, pero encubre la auténtica debilidad del PSOE: su impotencia frente a un Gobierno socialista que ampara de continuo actitudes como la descrita. Si el profesor y los alumnos no fueran absueltos, nos volveríamos a topar una vez más con la reaparición, apenas encubierta, de la censura. No importa la modestia de la publicación, su carácter local o restringido: Al Andalus forma parte de la Prensa, de la expresión del pensamiento y de la concreción de unas opiniones. No puede haber dolo en un profesor cuya intención manifiesta era la de exponer lo que él consideraba un mal, y tratar por este medio de evitarlo apelando a la publicidad y no al castigo directo. Y es chocante contemplar que el escándalo público, para el fiscal, lo constituyen unas pintadas en el retrete. Para muchos ciudadanos el verdadero escándalo es la actuación de este fiscal.