La Diada

FRENTE A la idea de la Diada entendida como una conmemoración suprapartidista que permitiera a los catalanes festejar juntos todo lo que les une, este año el Onze de Setembre se ha diversificado en múltiples manifestaciones, cada una con su propia significación y en busca de objetivos políticos diferentes. Contra la tendencia apuntada en 1983 a considerar que la normalidad -con la Constitución y el estatuto de autonomía ya traducidos en instituciones plenamente dernocráticas- debería transformar la Diada en una fiesta apacible y desprovista de matices reivindicativos, este año la celebración ha estado presidida por las dificultades entre los Gobiernos de Madrid y Barcelona, en cuyas relaciones los incumplimientos legales y las tensiones en torno a la financiación autonómica parecen abrir nuevos capítulos de conflicto.La principal característica de la jornada fue la repentina decisión de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Pujol, que modificó -en la víspera de la conmemoración- su anterior criterio de ceñir las reivindicaciones a las estrictas vías constitucionales. En el contexto de la difícil situación financiera de la Generalitat, que discrepa del Gobierno central en la valoración de competencias transferidas, el anuncio de que la Administración central incumplirá su obligación de poner en marcha el procedimiento definitivo para la financiación de Cataluña antes- de enero de 1986 y los propósitos del ministro de Economía y Hacienda de transferir en el futuro a las autonomías algunos de sus recortes presupuestarios han dado argumentos a CDC para la protesta. Y en la estela de ese argumento, Jordi Pujol se siente con autoridad moral suficiente para solicitar de todos los catalanes, pertenezcan o no a su partido, un respaldo activo a fin de defender la viabilidad económica de la Generalitat. Por ello su mensaje se ha convertido en una denuncia del Gobierno socialista, acusado de otorgar un trato desconsiderado y discriminatorio a Cataluña, y en un llamamiento a los ciudadanos para que reaccionen "con estilo sereno" de una manera "que sea comprensible para el Gobierno central, que la entienda o que no pueda dejar de entenderla".

Ante ese planteamiento reivindicativo, los actos convocados por las restantes fuerzas políticas han pasado a un segundo plano. Previamente, los socialistas habían renunciado a participar en la manifestación convocada por los demás partidos y grupos de la izquierda catalana bajo el triple lema de Autodeterminación, trabajo y salida de la OTAN. Pero, en definitiva, tanto los socialistas como el resto de los adversarios políticos de CDC parecieron preocupados sobre todo por dedicar la Diada a restañar sus todavía recientes heridas electorales, sin dar la sensación de haber salido aún del desconcierto en el que quedaron sumidos tras los últimos comicios autonómicos. Para la oposición a Pujol, la campaña lanzada por la Generalitat contra la decisión del Gobierno central de no aumentar la participación de las autonomías en los Presupuestos Generales del Estado no es sino una muestra de la incapacidad de los dirigentes de CDC para hacer prosperar una negociación política por los estrictos cauces institucionales.

Sin embargo, en este asunto el Gobierno central tiene el techo de cristal. Hasta ahora Cataluña, al igual que el resto de las comunidades autónomas (salvo Navarra y el País Vasco), actuaba en el marco de un procedimiento provisional que debía ser sustituido en el próximo año por un sistema definitivo, tal y como estipulan la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y, en el caso catalán, el propio estatuto. Ese mandato va a quedar incumplido. De otro lado, las quejas contra los recortes presupuestarios anunciados por el ministro Solchaga no proceden sólo de las comunidades autónomas controladas por nacionalistas, sino también de regiones gobernadas por socialistas. Tal y como explicó la semana pasada el alcalde de Barcelona, los municipios podrían verse obligados a retrasar el pago de sus deudas si no se incrementasen las cuentas del Fondo de Cooperación. En Cataluña, el aplazamiento indefinido del método para fijar la financiación de la comunidad ,autónoma es considerado como una conculcación del estatuto perpetrada por el Gobierno central, cuya actitud vacilante no hace sino aumentar las dimensiones del conflicto e impedir un debate sobre todos los aspectos del -roblema, incluidos los defectos en la administración de los servicios transferidos. Al permitir que la cuestión de la financiación, de la que depende la viabilidad del proceso autonómico, entre en un callejón sin salida, la Administración central no ha hecho sino multiplicar las tensiones y alimentar una conflictividad que se hará cada vez mayor a medida que se acerque la convocatoria de las próximas elecciones legislativas.