Ecuador solicita la liberalización de las inversiones extranjeras en el Pacto Andino

El Gobierno ecuatoriano de León Febres Cordero ha amenazado con abandonar el Pacto Andino antes del fin de año en curso, a menos que esta organización introduzca modificaciones sustanciales, en el sentido de una mayor liberalización en el tratamiento otorgado a las inversiones extranjeras. Quito quiere impulsar la inversión extranjera en su territorio, para lo que choca con la rígida Decisión 24 del acuerdo de integración

Las discrepancias entre el Gobierno ecuatoriano y los funcionarios del Pacto Andino han tomado en las últimas semanas un cariz turbulento, tras la afirmación del coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena (órgano ejecutivo del grupo andino), Pedro Carmona, en el sentido de que ningún país ha hecho "planteamiento oficial alguno" sobre reformas al régimen de tratamiento al capital extranjero, contenido en la decisión 24 del acuerdo de integración.Esta aseveración fue automáticamente contestada por el ministro de Industria de Ecuador, Javier Neira, quien manifestó que .solamente quien ignora un hecho real o sufre una peligrosa amnesia" puede afirmar que Ecuador no ha planteado reformas a la decisión 24. No obstante, reconoció que "el hecho de que no se hayan planteado de una manera formal no significa que los países no seamos conscientes de la necesidad de cambiar la decisión 24".

La mencionada regulación fija los límites en que debe moverse el capital extranjero en los países del Pacto Andino, organismo de integración subregional creado en 1969 e integrado actualmente por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Además, establece el porcentaje de beneficios sobre la inversión que las empresas pueden repatriar a sus países de origen. Sin embargo, existen salvedades en la propia disposición que amplían o hacen más flexibles las limitaciones, a las que se han acogido varios países del acuerdo, entre ellos Colombia, Ecuador y Venezuela, desvirtuando así el espíritu de la decisión, que pretende proteger a los sectores productivos andinos de la insalvable competencia de las naciones industrializadas, según aseguran especialistas en el tema.

Como telón de fondo a esta evidente diferencia de criterios entre el Gobierno ecuatoriano y la Junta del Acuerdo de Cartagena, campea la advertencia de este país latinoamericano de retirarse del Pacto Andino si antes de fin de presente año no se introducen sustanciales reformas en diversas áreas, entre ellas el tratamiento al capital extranjero.

Atraer la inversión extranjera

El Gobierno de Ecuador, que preside León Febres Cordero, propugna la aplicación de una "economía social de mercado" y ha formulado numerosos llamamientos a los sectores privado y público de las naciones desarrolladas para que inviertan en este país andino. Por ello, los rígidos marcos de la decisión 24 no son vistos con agrado por los responsables del área económica en la Administración ecuatoriana.

"Es mejor ser socios que deudores". Con esta frase sintetiza el jefe de Estado ecuatoriano su decisión de facilitar al máximo la entrada de la inversión exterior, algo preferible a los riesgos del endeudamiento crediticio ' que sólo reporta beneficios a los prestamistas sin mayores beneficios para los deudores, quienes de esta forma ven engordar su deuda externa.

Por de pronto, el Gobierno de Febres Cordero introdujo algunas variantes en la aplicación de la decisión 24, "haciendo uso de las facultades de excepción" de la propia norma, según se asegura en círculos oficiales. Entre ellas, se dejó sin límite el porcentaje de los beneficios que un empresario extranjero puede remitir a su país por una inversión en Ecuador. El techo, según la regulación 24, es de 30% sobre la inversión. De esta manera se deja abierta la posibilidad "de planteamientos concretos de empresarios que desean invertir en Ecuador", explicó un alto funcionario gubernamental.

Ésta es una de las áreas de confrontación entre el Pacto Andino y Ecuador, pero hay otras como el desarrollo de los programas industriales o las barreras aduaneras al intercambio comercial en la subregión. El Gobierno de Febres Cordero ha sido muy claro al señalar que "no puede sacrificarse (el desarrollo del país) en aras de la integración", a la que, por otra parte, considera "obsoleta" y con "síntomas de prematura senectud" tal y como está planteada actualmente.

La suerte del Pacto Andino, de acuerdo con diversos analistas, está vista para sentencia a la luz de actitudes como la adoptada por Ecuador, que quiere reformas del acuerdo de integración, pero que no las plantea oficialmente, según los funcionarios del mismo, y paralelamente advierte con su retiro en caso de no llevarse a la práctica variaciones en el esquema andino.