Los presupuestos y el impuesto sobre la renta
EN UN plazo aproximado de 10 días, el Gobierno tiene que decidir el futuro del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), centro del sistema impositivo español, al menos hasta que entre en vigor el otro gran gravamen por capacidad recaudatoria: el impuesto sobre el valor añadido (IVA). La reforma fiscal que implantó Fernández Ordáñez en 1977 -que significó el primer gran gesto hacia la modernización de un Estado anticuado y esencialmente corporativista- necesita de un retoque sustantivo a la vista de la experiencia proporcionada por ocho años de funcionamiento. Todavía ningún experto, ni ningún Gobierno, ha hecho públicos los resultados concretos del actual sistema fiscal en cuanto a eficacia contributiva y a equidad fiscal, pero hay grandes líneas que indican la necesidad de un cambio: el dispar tratamiento a los matrimonios en los que ambos, cónyuges trabajan; la comprobación reiterada una y otra vez de que el peso del fisco recae sobre la rentas del trabajo y mucho menos sobre las del capital (con el paralelo crecimiento -o al menos mantenimiento- del nivel de fraude en estas últimas, mientras se cierra la cuerda de las inspecciones sobre las primeras); el tratamiento de las plusvalías y minusvalías, que retrae la inversión; la ineficiencia de muchas subvenciones indirectas y desgravaciones, que conseguirían mejor sus objetivos por caminos distintos del puramente fiscal, etcétera.Durante los últimos meses, los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda -tanto con el anterior ministro, Miguel Boyer, como con el actual titular, Carlos Solchaga- han apostado una y otra vez por el cambio del IRPF, aunque sus declaraciones fueron muchas veces incompletas e incluso contradictorias. Se trata de que, en este departamento, se han hecho muchos borradores de reforma, pero el Gabinete no ha adoptado ninguna posición política -y definitiva- sobre el problema.
La decisión, sin embargo, ya no se puede dilatar, a no ser que ésta sea la de que todo continúe igual. Si así fuera -aspecto altamente improbable-, se quebrarían muchas promesas recientes. Por ejemplo, la de que a una variación de los tipos impositivos seguiría el cambio de tarifa. Si no se varía la tarifa, el enfado de muchos españoles al comprobar que lo que no les retuvieron mes a mes lo van a tener que pagar de una sola vez en el próximo período de declaración de la renta -cerca, muy cerca, de las elecciones generales- puede tornarse en actitudes peligrosas de cara al voto socialista. Y esto es sólo un ejemplo.
La revisión de la primera reforma fiscal de la transición (en lo que se refiere al IRPF, no en lo referente al impuesto extraordinario del patrimonio o al mismo IVA) debe producirse antes del primero de octubre. Un cambio en el IRPF implica una variación sustancial en los cálculos de los ingresos que el Estado ha de tener en 1986, lo que significa que las aclaraciones deben ser presentadas en las Cortes (ya que tienen rango de ley) al mismo tiempo que los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio. La razón obvia es que no puede haber presupuestos si no se han definido los ingresos necesarios para lograr el objetivo de frenar el déficit público en el porcentaje del 4,5%. del producto interior bruto.
Así pues, al mismo tiempo que llegan al Congreso de los Diputados los abultados volúmenes que constituyen el, primer instrumento de la política económica del país, el ministro de Economía y Hacienda debe entregar un impuesto sobre la renta modificado en esos términos de eficacia y equidad que mencionábamos. No hay que olvidar que la filosofía primera de una política fiscal es la de corregir la desigualdad.
Sería conveniente, por otra parte, que a la hora de explicar los cambios el ministro aportase detalladamente -con todo el aparato empírico y demoscópico necesario- los efectos del IRPF en la estructura productiva de la España de los años ochenta. Es decir, que completase los parciales estudios hechos sobre el fraude fiscal, y los españoles pudiésemos conocer, por ejemplo, la aportación neta dentro de este gravamen de las primeras 1.000 familias del país, o de los tramos superiores, medios e inferiores de las rentas nacionales. Porque, a la vista de lo que cada uno paga o deja de pagar cada año, a muchos ciudadanos les cabe la duda de si la reforma fiscal hecha en 1977, además de modernizar al país, ha contribuido o no a hacer una estructura social más equitativa y justa. Lo que en realidad significa saber si ha contribuido o no a paliar la estructura, muchas veces feudal, de la distribución de la renta en este país heredada desde mucho antes del franquismo.
