La carrera de obstáculos del aborto legal ..

La afirmación de Carlos Hernández Gil, subsecretario de Sanidad, de que la cobertura para garantizar la aplicación de la ley del aborto está totalmente normalizada ha causado perplejidad a los responsables de los centros de planificación familiar y de otros colectivos, que critican además el papel decisorio que están teniendo las comisiones de evaluación de los hospitales en la autorización de los abortos, cuando la ley no les concede tales facultades. Y hay una conclusión unánime: en cuanto. se pueda abortar en clínicas privadas se acabará gran parte de los obstáculos y objeciones de conciencia del personal sanitario.

"No se puede hablar de normalización de la cobertura sanitaria del aborto cuando sigue habiendo una gran desigualdad según zonas geográficas, incluso en cuanto a centros de planificación. Y mucho más en la detección de malformaciones, que obliga, a una tecnificación más elevada", dice Consuelo Ruiz-Jarabo, secretaria de Madrid de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Incluso en lugares donde existen estos medios puede haber problemas por una planificación inadecuada. En el centro de Orcasitas, de Madrid, se presentó una mujer con distrofia muscular y, al ser época de vacaciones, no encontraron un genetista. La médica tuvo que llamar a Barcelona para que le hicieran el diagnóstico por teléfono. Las mujeres siguen sometidas a trámites y viajes y hay que decir que existen profesionales y centros públicos suficientes para realizar todos los abortos que se presenten, pero hace falta una normativa más clara y una mejor planificación por parte del ministerio".El Ministerio de Sanidad y Consumo estableció, en una circular de 23 de julio, que el departamento o las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas proporcionarían la lista de centros acreditados para la práctica de abortos. Asimismo, la circular decía que "todos los establecimientos sanitarios de titularidad pública deberán estar capacitados para proporcionar la información necesaria a través de sus respectivas unidades de información al público". Esta lista no ha sido facilitada ni siquiera al Instituto de la Mujer, que la ha solicitado de forma oficial.

Si la normalización de la cobertura sanitaria para la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo aireada por el Ministerio de Sanidad choca con escollos como la carencia de listas de centros, el triunfalismo de las autoridades tampoco parece responder a la realidad en lo que se refiere a cobertura geográfica.

Largos desplazamientos

Junto al caso de la mujer de Jaén que tuvo que ir a abortar a Cádiz hay ahora otros pendientes que tampoco podrán realizarse en las respectivas provincias. El único centro público que se ha mostrado con efectivos humanos para poder practicar abortos en Extremadura ha sido la residencia de la Seguridad Social de Badajoz, y actualmente hay en Valladolid una mujer asmática que, de poder interrumpir s u embarazo, tendría que hacerlo en Soría, única provincia de la comunidad de Castilla-León en la que, por el momento, parecen dispuestos a que la ley del aborto no sea papel mojado. El caso de esta mujer fue tratado por la comisión de evaluación de la residencia vallisoletana, y ésta decidió desaconsejar el aborto.

El artículo 3º.1 de la orden ministerial del pasado 31 de julio sobre la práctica del aborto dice que la comisión de evaluación que debe constituirse en los centros acreditados tendrá "las funciones de facilitar el cumplimiento de lo previsto en la ley, informar y asesorar sobre los problemas o dificultades que puedan presentarse y recoger la información y estadística". En opinión de Vicky Abril, responsable del tema en el Instituto de la Mujer, "en la práctica, los miembros de las comisiones de evaluación son los que están impidiendo los abortos, mientras que la ley exige sólo un dictamen médico previo y no da a las citadas comisiones capacidad decisoria".

Para Luisa Torres, ginecóloga del Centro Pablo Iglesias, "los trámites para abortar son excesivamente largos y la desinformación es grande. La mujer debe comenzar por acudir a un centro de planificación y, con el informe de éste, ir al Insalud. De allí, si el supuesto a que se acoge es la violación, la mandan a un hospital para que le realicen el aborto. Sino, debe ir al especialista que le corresponda. Después tiene que volver al centro de planificación para que sepan cómo se ha resuelto su caso y luego ya dirigirse al hospital en el que será intervenida, donde aún debe reunirse la comisión de evaluación. En el caso de malformaciones del feto, antes de ir al hospital tiene que hacerse unas pruebas y volver con los resultados al Insalud, donde le asignarán un centro para que le realicen la intervención".

"A mí", sigue Luisa Torres, "el Insalud no me hace falta. Si utilizan a los centros de planificación para recoger a las mujeres en primera instancia, que les den competencia para derivarlas a los centros sanitarios. Si no, que no los usen, y que no mareen a las mujeres. Nos prestamos, como siempre, a hacer el trabajo sucio, porque los médicos de la Seguridad Social no quieren mojarse, y no van a hacer el primer informe. Dicen que eso lo hagamos nosotras. Luego el comité de evaluación opina sobre si nos hemos equivocado, dice si lo hacemos bien o no. Puede que tengamos que cortar por lo sano si no reconocen nuestro trabajo".

Límite de plazo

La burocracia puede llevar incluso a poner a las mujeres en el límite del plazo legal para abortar. Es el caso de una mujer que, embarazada de más de cuatro meses, acudió al ginecólogo y éste le detectó una malformación del feto. Derivada a un centro de planificación y luego a un hospital para que le hicieran las pruebas, tardaron en el centro sanitario un mes en darle los resultados y confirmarle las alteraciones genéticas del feto. La ley permite abortar en este supuesto hasta las 22 semanas de gestación. En estos días se reunía la comisión de evaluación para emitir su dictamen. "No se dan cuenta", dice Rosario Benito, del Instituto de Medicina Social, "que el aborto es algo urgente. Que las mujeres mientras están sufriendo y que es inadmisible que, por papeleos, puedan llegar a pasarse los plazos legales".

Después de todo esto, puede no haber concluido el calvario. El único centro de urgencia acreditado para realizar abortos en agosto en la provincia de Madrid fue el de Móstoles. Luisa Torres cuenta que cuando un ginecólogo fue a iniciar una intervención, se le plantó el equipo. El médico era, simplemente, el director de la Maternidad.