El reparto de los impuestos

LA DISTRIBUCIÓN territorial del poder en España no es lo que puede llamarse una cuestión caracterizada por su fácil comprensión ni por la transparencia en el reparto de atribuciones y funciones entre el Gobierno central y las 17 comunidades autónomas. Probablemente el asunto alcanza perfiles próximos a los dramas insolubles en lo que se refiere al sistema de financiación de los Gobiernos de las nacionalidades y regiones y a las relaciones económicas de la Administración central y las autonómicas. Todavía no se cuenta con un esquema definitivo, y la complejidad hace que, en buena medida, esta cuestión capital de la nueva estructuración del Estado carezca del interés y la dedicación con que realmente debiera contar.El Estado de las autonomías está todavía en proceso de creación, y lograr armonizar los legítimos derechos de autogobierno con la eficiencia del propio sistema constituye una cuestión técnica complicada, pero sobre todo un asunto. político de primera entidad. Porque parece claro que sin una auténtica capacidad financiera los Gobiernos autónomos apenas son otra cosa que órganos administrativos descentralizados.

Hasta este momento los dineros llegaban a las autonomías según un acuerdo provisional. Sólo Navarra y el País Vasco tenían definitivamente la fórmula de los conciertos económicos, por la que estas comunidades autónomas recaudan todos los impuestos en sus territorios y entregan a la Administración central un cupo (parte de los ingresos percibidos) para pagar los servicios y las funciones desarrolladas por el Gobierno del Estado. No obstante, en 1986, como cada cinco años, se tendrá que negociar ese cupo con las autoridades de Vitoria y Pamplona. Las demás autonomías han venido sirviéndose de un sistema provisional (véase EL PAIS del domingo pasado) que debía ser sustituido para el próximo ejercicio económico (según mandato de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, y en el caso de Cataluña, por su propio Estatuto) por un sistema definitivo. Esto parece, a estas alturas, que no va a suceder, y a lo largo del año se va a tener que comenzar la discusión política para resolver la cuestión. También se ha incumplido este año la LOFCA, ya que un mes antes de la fecha prevista constitucionalmente para la entrada de los Presupuestos Generales del Estado no se tienen noticias de que existan los preceptivos acuerdos financieros entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para el ejercicio económico venidero.

Estos incumplimientos legales y las tensiones que rodean el espinoso asunto hacen prever para el curso político un horizonte de peleas entre la administraciones, que, por si fuera poco, estará azuzado por los tradicionales calentamientos de los años electorales. Pero todavía hay más: la incorporación a la Comunidad Económica Europea introduce nuevos cambios en la gestión tributaria, y su aplicación modifica también las relaciones entre la Hacienda central y las autonómicas. Navarra, por ejemplo, está firmemente decidida a gestionar el nuevo impuesto sobre el valor, añadido (IVA), cuando algunas recomendaciones no aconsejan esta fragmentación de la gestión.

Lo que está en juego no son sólo cuestiones económicas que afectan al buen funcionamiento de los gobiernos autónomos; hay también aspectos políticos de gran entidad. En Cataluña, principalmente, el aplazamiento de un acuerdo definitivo sobre la financiación, es visto como un desaire político, además de suponer un incumplimiento del Estatuto de Sau.

De cualquier manera, parece claro que el sistema de distribución de los recursos públicos entre las diversas instancias de poder que componen el Estado no está suficientemente debatido, y no parece que exista una solución. El Gobierno central debiera conceder prioridad a este capítulo si realmente desea que sus relaciones con las autonomías no se despeñen por el carrusel de los agravios. Nadie pone en duda que la articulación definitiva del Estado de las autonomías constituye un asunto complejo y que, por su novedad, se parece en ocasiones, a la exploración de una tierra ignota. Pero estos aspectos se transforman realmente en los símbolos de la voluntad política que se posee para hacer realidad el llamado Estado de las autonomías.

Y junto a estos forcejeos políticos, tampoco estaría de más que se levantara un poco el velo de secretismo que rodea estos conciliábulos de los poderes del Estado, que dejan ayunos de información a los contribuyentes, que miran entre atemorizados y con redoblada conciencia de ignorancia una cuestión ya de por sí compleja y aburrida y que, tratada de espaldas a la opinión pública, se transforma en asignatura para iniciados. Porque, al final de todo, no se debe olvidar que de lo que se trata es de distribuir el dinero de nuestros impuestos y cómo y de qué forma se van a prestar los servicios a los Ciudadanos.