La configuración de la policía unificada como instituto armado le privará del derecho a la huelga

El proyecto de ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hoy será prácticamente ultimado en el Consejo de Ministros, contempla al nuevo Cuerpo Nacional de Policía, que se creará tras la unificación de la Policía Nacional y del Cuerpo Superior, como un "instituto armado de carácter civil", al que no se le reconoce el derecho de huelga. La posibilidad de que el proyecto sea aprobado hoy dependerá de que el Gobierno considere políticamente oportuno este momento, dado que el texto está absolutamente perfilado, según fuentes gubernamentales.

Una de las novedades más importantes que prevé el proyecto consiste en la creación de unos cuerpos especiales de policía judicial directamente dependientes de los jueces. Según fuentes gubernamentales, el proyecto "estrecha notablemente la dependencia judicial de la policía", acercándose de esta manera al modelo italiano, en el que los magistrados dirigen directa y personalmente las investigaciones con absolutas competencias sobre estos funcionarios. La creación de estas unidades especiales de policía judicial se inscriben en la línea marcada ya por la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por el Congreso el 20 de junio de este año.En el título III de la ley del Poder Judicial ya se establece que se crearán "unidades, de la Policía Judicial que dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y del ministerio Fiscal en el desempeño de todas las funciones que aquéllas les encomienden". El artículo 443 de esta ley dice que esta función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central o de las Comunidades autónomas o de los Entes Locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias".

El Ministerio del Interior perfiló asimismo con el de Defensa unas nuevas competencias para la Guardia Civil. El texto establece la creación de grupos especiales marítimos de este cuerpo que vigilarán las fronteras marítimas y tendrán mayores competencias en la investigación de delitos fiscales y contrabando. El Gobierno también decidirá si es oportuno políticamente el nombramiento de un civil al frente de la Guardia Civil, una vez se apruebe el proyecto.

La rumoreada, remoción del Ministerio del Interior podría llevarse a cabo cuando sea aprobado este proyecto, aunque el portavoz de este departamento afirmó que "el ministro no tiene nada decidido" y se mostró hermético sobre el contenido de la citada ley por considerarlo "un tema trascendente de exclusiva competencia del Gobierno".

Normas deontológicas

La definición del nuevo Cuerpo Nacional de Policía como un "Instituto Armado de carácter civil" ha sido minuciosamente estudiada por los responsables del departamento con el fin de aclarar que se trata de un cuerpo civil, pero impidiéndole el derecho a la huelga con el argumento de que el artículo 28 de la Constitución afirma que "la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho (huelga) a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos". El proyecto establece la prometida unificación de la Policía Nacional y el Cuerpo Superior y prevé la coordinación entre la policía estatal y la de las Comunidades Autónomas.

La Escuela General de Policía se ocupará de la formación del nuevo Cuerpo Nacional de Policía y las comunidades formarán a sus respectivas policías autónomas. El proyecto también recoge unas normas de carácter deontológico para el buen funcionamiento y coordinación de todas las policías y unas recomendaciones del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas sobre el correcto funcionamiento de estos cuerpos.

Fuentes gubernamentales han insistido en que el nuevo cuerpo es civil, al igual que la mayoría de las policías europeas, y hacen hincapié en que el derecho de huelga no está reconocido en prácticamente ningún país de Europa.