El déficit publico de caja supera en un 13,20%, al del año pasado

El déficit público de caja, al 8 de agosto, se elevaba a 969.369 millones de pesetas, cifra superior en un 13,2% a la registrada en la misma fecha del año anterior, según se supo ayer en Santander en el curso sobre El control de gasto público que bajo la dirección del interventor general del Estado, Ricardo Bolufer, se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La Intervención del Estado ha detectado, por otro lado, irregularidades contables en dos empresas públicas, del casi centenar que entre sociedades y organismos públicos ha auditado desde comienzos de este año hasta la fecha.La evolución del déficit de caja de las administraciones públicas se encuentra entre las previsiones realizadas por el Gobierno para el ejercicio presente, según manifestó Bolufer. El hecho de que se hayan hecho públicos los datos al 8 de agosto responde a la coincidencia, al 31 de julio, de la entrada en vigor de, una nueva normativa legal, que hacía que las cifras dadas a la publicidad en esa fecha no fueran homogéneas con las del año pasado. Esto no sucede ya con las cifras de agosto, que: sí son comparables a los 856.000 millones de déficit existentes el pasado año.

El Gobierno tiene previsto que el déficit público no supere este año el 5% del producto interior bruto (PIB). Según fuentes oficiales, este objetivo se está cumpliendo a la fecha reseñada y la evolución del déficit de caja no presenta, en estos momentos, ningún indicio alarmante. Lo que ya presenta alguna duda más, según algunas fuentes, es lo que sucederá en la segunda mitad del año, donde se espera que los gastos evolucionen de una manera más desfavorable que en el mismo período del año anterior.

Respecto a las auditorías realizadas hasta ahora en 1985 por la Intervención del Estado, ayer se supo en Santander que se han detectado irregularidades contables en dos empresas públicas que Ricardo Bolafer, consultado al respecto, no quiso identificar por estar pendientes algunas comprobaciones.

Se cumple el calendario

Con todo, los interventores del Estado han cumplimentado ya más del 80% de su calendario previsto para el año en cuanto a exámenes contables de empresas y organismos públicos.

En concreto, se han realizado ya auditorías sobre empresas públicas como Enagas, Enpetrol, Petroliber, Eniepsa, dentro del holding del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), donde está pendiente la de Campsa. En el Instituto Nacional de Industria (INI) se han llevado a cabo las de Hunosa, Minas de Figaredo, Enadimsa, Enusa, Alugasa, Endiasa, Ence, Artespaña, CASA, Entursa, Secoinsa, Infolísing, EESA, Enasa, Sodian y Sodiga. Del Patrimonio han sido revisadas Intelhorce, Hytasa, Gossypiuni, agencia Efe, Rumasa, Trasmediterránea, Tabacalera, Imepiel, Aldeasa, Aulcasa, Audasa, Mercosa y Tragsa. Asimismo se han auditado Renfe, SGV (Visomsa) y el Instituto Nacional de Fomento de la Exportación. También se h an realizado ya, en un 60%, auditorías en el ámbito de la Seguridad Social, tales como mutuas de accidentes de trabajo y varios organismos de la Administración central y organismos autónomos.

Según manifestó Bolufer, en las auditorías del pasado año se detectaron irregularidades en sociedades como Mercosa, donde se realizaban contratos de operaciones atípicas que producían elevadas pérdidas. En Viajes Marsans, donde no existía control documental sobre numerosas operaciones; y en otras sociedades y organismos, en las que se cometían irregularidades por la ausencia de inventarios físicos, incorrecta valoración de elementos del activo, deficientes sistemas de amortizaciones, aplicación de criterios de caja y no devengo y revalorizaciones de activo al margen de las disposiciones legales.

Otras irregularidades

Otras irregularidades detectadas eran de gestión como el caso de la Escuela Oficial de Idiomas, donde se ha constatado, entre otras cosas, la existencia de cuentas bancarias que no figuran a nombre del centro, compraventa de divisas, pago de letras a libradores desconocidos, etcétera.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores se detectaron diferencias entre cantidades recaudadas y las ingresadas en el Tesoro por valor de 2.000 millones de pesetas. Otro caso es el del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, donde llegaron a adquirirse fincas inexistentes por valor de 1.229 millones de pesetas.

La intervención de Bolufer tuvo lugar un día después de que el secretario general de Hacienda, Martín Seco, en la apertura del curso considerara como inminente la presentación de una ley sobre contabilidad y auditoría en la Administraión pública. Hacienda pretende un mayor control sobre el sector público para aumentar su eficacia, de la que se reconoce no ha sido todo lo buena que se deseaba. Para ello, y según anunció Martín Seco, las empresas públicas comenzarán en breve a dar información trimestral detallada sobre sus resultados. Esta información complementará la que ya se dispone mensualmente sobre el cumplimiento y ejecución del presupuesto a través de la Intervención General del Estado.