El PSOE tapió la entrada a dos tiendas de Madrid cuyos dueños fueron desahuciados

La ejecutiva del PSOE hizo tapiar y clausurar en 1979, alegando motivos de seguridad, la entrada directa desde la calle a la galería comercial Espacio, situada en los bajos del número 165 de la calle de Santa Engracia, en Madrid, adquirido ese año para sede central del PSOE, según consta en el amplio sumario judicial 75/1980 abierto por ese motivo. María Luz del Rincón Pérez y Luis Ignacio Martínez Barbadillo, que explotaban dos locales comerciales en la galería, se querellaron por la clausura de los accesos a sus tiendas, pero finalmente resultaron condenados y desahuciados por no seguir pagando las rentas, mientras sus querellas fueron sobreseídas por el juez.

Jesús Ernesto Pérez y Morate, titular del Juzgado de Instrucción número,12 de Madrid, fue quien decidió sobreseer las diligencias el pasado mes de abril, después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo le comunicara que no había "elementos probatorios para determinar la responsabilidad penal" de los miembros de la comisión ejecutiva del PSOE, que por su actual condición (presidente y vicepresidente del Gobierno, y varios parlamentarios) tendrían que ser juzgados por dicha Sala Segunda.Los hechos se iniciaron a comienzos de 1979, poco después de que el PSOE comprara el citado inmueble a Jorge Viñuales Aturia, único propietario del edificio, en el que varias personas tenían alquilados los bajos como locales comerciales u oficinas. Los dirigentes del PSOE resolvieron, por acuerdo con los titulares, la mayoría de los contratos de arrendamiento, y mediante la correspondiente indemnización dichos titulares abandonaron la zona. Sin embargo, María Luz del Rincón Pérez y Luis Ignacio Martínez Barbadillo no estuvieron de acuerdo con el arreglo que les propuso el PSOE, por lo que prefirieron continuar trabajando en sus locales a la espera de una solución mejor.

El juez, en un escrito enviado en enero de 1983 al fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, dice textualmente: "Al parecer, por, motivos de seguridad le fue indicado al PSOE por el Ministerio del Interior que, por razones de seguridad (sic), debía ser clausurada la puerta que desde la finca indicada (Santa Engracia, 165) tenía acceso a la calle, entonces denominada Joaquín García Morato, y permitía la entrada directa a la Galería Comercial Espacio, de manera que todas las personas que pretendiesen entrar en la galería comercial mencionada debían hacerlo por la puerta general del edificio, previos los controles correspondientes de los funcionarios de seguridad destinados al efecto y de los empleados del PSOE".

"La situación indicada", precisa el juez, "provoca en las dos personas denunciantes la necesidad de no poder atender a sus respectivos negocios, dado que se imposibilitaba al público, prácticamente, el acceso hasta sus puestos o locales comerciales". Al margen de estas dos denuncias, Martínez Barbadillo interpuso en marzo de 1979 una demanda de interdicto "para recuperar la posesión de que había sido despojado por el PSOE". El 10 de mayo de 1979 el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Madrid dictó sentencia favorable a Martínez Barbadillo, a quien el 18 de julio del mismo año se le hizo entrega de la propiedad "de manera meramente formularia, sin que se lleve a efecto el derribo. del tabique que daba acceso a la galería comercial".

Contra esta sentencia el PSOE -que actualmente tiene su sede central en la calle de Ferraz- interpuso el correspondiente recurso, pero fue desestimado por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. "Lo anteriormente relatado", agrega el juez, "implicaba que los dos denunciantes estaban de hecho privados del uso de sus respectivos locales, lo que se constató en diligencia de inspección ocular, practicada por este juzgado el día 29 de octubre de 1980".

Réplica judicial

"A pesar de lo expuesto", relata el juez, "el PSOE interpuso ante el Juzgado de Distrito número 10 de Madrid demanda de desahucio por falta de pago contra Luis Ignacio Martínez Barbadillo, de quien el PSOE dio el domicilio de Santa, Engracia, 165, donde ya no podía encontrarse el demandado por el despojo de que había sido objeto". Dicho juzgado envió-todas las citaciones y emplazamientos para Martínez Barbadillo a dicha dirección, "haciéndose cargo [de ellos] empleados del PSOE". Por eso Martínez Barbadillo, que, por desconocerlas, no sé presentó a ninguna de estas citaciones, fue condenado en rebeldía el 16 de octubre de 1980 y se le ordenó desalojar el local por falta de pago. Similar operación realizó el PSOE con María Luz del Rincón Pérez, quien, también en rebeldía, fue condenada el 10 de octubre de 1980 a desalojar el local por falta de pago. Esta sentencia fue llevada por un funcionario judicial a Santa Engracia, 165 para entregársela a María Luz del Rincón, pero no le permitieron la entrada al funcionario, por lo que se hizo cargo de la notificación el entonces conserje del PSOE, Alberto Rosales Román, "prometiendo entregarla a la demandada, lo que no se llevó a efecto". Ante esta situación, el juez convocó a los abogados de ambas partes para que intentaran llegar a un acuerdo. Por parte del PSOE acudió Leopoldo Torres, actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, "que, al parecer, es quien se encargó de la presentación de ambas demandas de desahucio".

Días más tarde Leopoldo Torres comunicó telefónicamente al juez que no era posible alcanzar acuerdo alguno. Entretanto, y para delimitar responsabilidades, el juez Pérez y Morate requirió el 2 de febrero de 1982 al PSOE para que le comunicara quién había adoptado el acuerdo de tapiar y clausurar los accesos directos desde la calle de Santa Engracia a la Galería Comercial Espacio.

Días más tarde, el magistrado recibió un escrito del PSOE en el que se dice textualmente: "El acuerdo sobre realización de obras de reforma en el edificio que ocupa la sede del PSOE en el número 165 de la calle de Santa Engracia fue adoptado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, cuyos componentes eran los siguientes: Ramón Rubial, presidente; Felipe González, primer secretario; Alfonso Guerra, secretario de Organización; Carmen García Bloise, Luis Gómez Llorente, Guillermo Galeote, Luis Yáñez, José Luis Albiñana, Javier Solana, José María Benegas, Enrique Múgica (y seis personas más)".

A la vista de estos hechos, el fiscal de la causa indicópor escrito al juez, el 11 de abril de 1983, que al estar implicados varios miembros del Gobierno (Felipe González, Alfonso Guerra y Javier Solana) el sumario debía ser enviado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instancia por la que pueden ser procesados y juzgados los integrantes del Ejecutivo. El magistrado envió copia del sumario al Tribunal Supremo el 29 de abril de 1983. El 28 de julio de ese año el juez recibió el auto del Tribunal Supremo en el que se indica que no hay elementos probatorios contra los altos cargos citados, por lo que rechaza por el momento su competencia sobre el caso.