La lucha por la tierra en la Cisjordania ocupada

El escándalo de las tierras expoliadas en la Cisjordania ocupada por Israel aumenta día a día. El último implicado es el general de reserva Jacob Aknin, ex director de Admnistración del Suelo en Israel, que ha sido llamado por la policía y a quien se ha pedida que explique la forma en que ciertas tierras, pertenecientes a árabes palestinos, fueron adquiridas por especuladores israelíes. La policía investiga cientos de denuncias de granjeros palestinos, que afirman haber sido desposeídos de sus tierras de forma fraudulenta.Todo comenzó en 1979, cuando el Gobierno del dirigente del Likud Menájem Beguin votó un decreto por el que se autorizaba la adquisición por particulares de tierras en territorio ocupado.

La finalidad de esa ley era dar un nuevo impulso a la colonización israelí en Cisjordania, al introducir en ella a la iniciativa privada. Beguin sabía ciertamente que la ley en cuestión iba a ser explotada por los especuladores sin escrúpulos -que manipulaban y con frecuencia engañaban sin vergüenza a los colonos palestinos y por los compradores israelíes ingenuos, que no pensaban más que tú enriquecerse, enarbolando la bandera del sionismo colonizador.

El resultado fue que los israelíes, seducidos por magníficas par celas de tierra, relativamente baratas, sobre las colinas alejadas de toda contaminación, compraron y pagaron al contado. Los propietarios imaginarios frecuentemente habían muerto hacía tiempo, o se habían expatriado, es decir fueron inventados. Cuando el verdadero propietario vio llegar las primeras excavadoras israelíes, que cruza ban sus campos y trazaban rutas sobre su terreno, puso una denuncia, pero sin resultado.

Durante más de dos años, casi 500 denuncias transmitidas a la policía por el procurador general para que fuesen investigadas no fueron tocadas. La razón invocada fue la falta de personal. Visto el número de denuncias y la importancia de la investigación, la policía no tenía los efectivos necesanos para abordar ese asunto. Durante dos años se preparó (?) una unidad especial que iba a ser encargada de la investigación.

En realidad, los jefes de la policía no eran animados precisíamente por el Gobierno para que desénredasen ese nido de avispas. Se temía, sobre todo en las altas esferas, que personajes importantes del Likud fuesen implicados a raíz de la investigación policial. Varios centenares de denuncias permanecieron intactas por eso en sus carpetas hasta la llegada al poder del ministro de policia laborista, Haim Bar Lev, que, alentado por el consejero jurídico del Gobierno, el profesor Zamir, ordenó a la policía desempolvar, los informes enterrados y poner manos a la obra. Se han producido ya tres detenciones: un árabe palestino y dos israelíes, sospechosos de falsificación, extorsión, amenazas y prácticas fraudulentas.

El comerciante árabe en tierras detenido, Ahmed Ouda, que se hizo millonario en varios años, afirma, sorprendido: "los árabes me quieren liquidar porque yo he hecho vender tierras árabes a los israelíes. Ahora, los israelíes quieren mi ruina... No entiendo nada". Hace dos o tres años se le enseñaron -para ayudarle a superar las posibles dudas- varias cartas oficiales, que provenían del Ministerio de Agricultura israelí y que daban luz verde a las compras masivas de tierras árabes.

En 1983, el inspector del Estado expuso a una comisionparlamentaria un informe secreto donde precisaba que dejas 7.000 hectáreas de tierras adquiridas durante el año precedente, 5.000 lo habían sido de forma irregular.

Hoy, el pastel se ha descubierto. El viceministro de Agricultura de ese momento, Michael Dekel, un ultra del Likud, y su adjunto Avi Tsur, varios importantes empresarios de la construcción, abogados de renombre y ahora también el general de reserva Yaakov Aknin, director entonces de la Administración de tierras, están en el banquillo.

Como varios miembros eminentes del Likud pueden estar implicados, el ministro sin cartera, Ariel Sharon e Isaac Shamir, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, al frente de otros dirigentes de ese partido, denuncian la "campaña antisionista" del ministro de la policía laborista y piden la dimisión del consejero jurídico del Gobierno, el independiente Zamir.