Los deberes económicos del nuevo curso

EL TITULAR de la política económica española, el ministro de Economía y Hacienda, ha sido uno de los primeros miembros del Gobierno que ha abandonado sus vacaciones de verano para abordar el nuevo ejercicio, que se anuncia cargado de urgencias y de necesidades. Por otra parte, los cambios en el equipo económico en la crisis de Gobierno de principio del verano (sustituciones en Economía y Hacienda, Industria y Energía, Transportes y Comunicaciones y Obras Públicas y Urbanismo) constituyen otra motivación sustancial para amarrar desde el inicio esta nueva etapa de la filosofía económica oficial.Además, las ausencias del presidente del Gobierno, Felipe González, en el comienzo del último trimestre del año para asistir a sendos viajes a China y Japón y a las Naciones Unidas añaden nuevas urgencias a determinadas decisiones en materia económica. Entre ellas, las más apremiantes son el cierre del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1986, la decisión sobre el futuro de la concertación social y diversos elementos esenciales para la integración plena de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), como son la estructura administrativa que desarrolle el tratado de adhesión y la aprobación del reglamento del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que debe entrar necesariamente en vigor el 1 de enero de 1986.

El anteproyecto de presupuestos se hallaba muy retrasado en el mismo momento de la crisis a principio del verano; el nuevo Gabinete abordó los números para 1986 en su primera reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La filosofía es muy clara: hay que combatir el déficit fiscal, considerado de nuevo como la bicha estructural de la economía española. Sólo hay dos modos de combatir esta desigualdad entre ingresos y gastos fiscales: aumentando los primeros, lo que significa un nuevo incremento de la presión fiscal (hay quien afirma que España ha pasado de ser un paraíso a un infierno fiscal en los últimos cinco años, naturalménte sólo para los que cumplen sus obligaciones tributarias), o disminuyendo los segundos, lo que conlleva tepsiones entre los departamentos y fricciones entre los organismos y colectivos afectados por una política de austeridad. Lograr el equilibrio es un encaje de bolillos que suele constituir parte del juego de tensiones habitual cada año en cualquier país democrático.

El segundo tema, de menor contenido concreto pero de gran significación psicológica, es el de dotar de nuevos contenidos y dinamizar el Acuerdo Económico y Social (AES), un pacto social para el resto de la legislatura, firmado entre el Gobierno, la patronal y el sindicato socialista y considerado en su momento como gran papacea conductora de la línea a seguir en materia económica, y que poco a poco ha ido languideciendo. Es cierto, como ha recordado el ministro de Economía, que el Ejecutivo no necesita ahora de la patronal para gobernar, pero la ruptura del AES. supondría una carga de profundidad para la credibilidad futura de cualquier pacto social, casi siempre imprescindible para evitar guerras sociales entorpecedoras de la eficacia económica. Resulta difícil de creer la imposibilidad del diálogo social en estos momentos, aunque se encuentre trufado ya de posturas preelectorales de uno y otro signo, máxime cuando la coyuntura se halla cargada de peligros para todas las partes en conflicto.

Solventar algunas incógnitas propias de la nueva situación de una España integrada en Europa es la tercera tarea de urgencia. El Gabinete debe decidir la estructura administrativa que desarrollará en el futuro inmediato el tratado de adhesión. Por ejemplo, si el núcleo negociador se trasladará de modo permanente a Bruselas o permanecerá en Madrid, viajando constantemente. Y lo que es más inmediato: deberá quedar aprobado el reglamento del IVA, que debe entrar en vigor el 1 de enero próximo. Cuanto más tarde en aprobarse el texto definitivo del desarrollo concreto del gravamen, menos tiempo tendrá el Ejecutivo para explicar su mecánica de aplicación y sus consecuencias. La sociedad española puede quedarse asombrada de la nueva burocracia necesaria para la sustitución de los impuestos en cascada que impone el IVA y de su aportación a la inflación Carlos Solchaga, inmediatamente después de ser nombrado ministro de Economía y Hacienda, afirmó que el IVA no solamente tendría impactos positivos sobre los precios, sino que, por el contrario, también tendría algunos efectos antiinflacionistas. Estos efectos y la aportación que el nuevo gravamen tendrá sobre el índice de precios al consumo permanecen por el momento en la nebulosa de las polémicas.

Además de estos temas de naturaleza urgentísima, el equipo económico tiene encima el desarrollo de multitud de normativas aprobadas durante toda la legislatura y que necesitan rematarse para su puesta en práctica. Más aún, necesita dar una respuesta definitiva a todos los anuncios y contraanuncios que continuamente se ha cen sobre el cierre de la reforma fiscal iniciada por Fernández Ordóñez en 1977 y, especialmente sobre el más impopular de los impuestos, el de la renta de las personas físicas.

Como se ve, la agenda de deberes económicos para el principio de curso es abultada. El Gobierno puede estar excesivamente pendiente de los primeros escarceos electorales y caer en la tentación de no conceder prioridad a este tipo de cuestiones, que no son excesivamente gratificantes. Sin embargo, es en el terreno de la economía donde este país se juega muchas cosas en el próximo curso.