Un desafío a la opinión mundial

A RAÍZ del discurso que pronunció el 15 de agosto el presidente de la República de África del Sur, Pieter Botha, el obispo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, ha declarado que "las posibilidades de un cambio pacífico son prácticamente iguales a cero", que se está "al borde de un baño de sangre" y que urge una presión más fuerte de la comunidad internacional., Estas palabras resumen con dramatismo el efecto causado por la total carencia en dicho discurso de medida alguna susceptible de apaciguar la situación y de dar una mínima satisfacción a las aspiraciones de las masas negras, sometidas al monstruoso régimen del apartheid y objeto cada día de brutales represiones policíacas.El discurso de Botha ha sido pronunciado aproximadamente al año de las reformas que él mismo introdujo en la Constitución, y cuyo fracaso es hoy evidente; se trataba de reformas que concedían ciertos derechos electorales a los mestizos y a los indios. Pero dejaban de lado a los negros, que son más del 70% de la población. El principal efecto de dichas reformas fue poner aún más en evidencia la injusticia radical de un sistema político racista que, con medidas de discriminación de todo orden, priva de derechos ciudadanos y políticos a la aplastante mayoría de los habitantes de un país. Las movilizaciones de la población negra fueron alcanzando creciente amplitud. Se constituyó el Frente Democrático Unido, en el que se han agrupado cientos de asociaciones culturales, religiosas, políticas contrarias al apartheid. Botha no ha tenido más respuesta fue la violencia policiaca. Unas 600 personas han muerto en el último año como consecuencia de la represión. Los encarcelados se cuentan por miles, y en muchos casos han sido víctimas de torturas, lo que ha sido confirmado por un reciente informe de Amnistía Internacional.

Esta evolución ha causado en el mundo un resurgir de los movimientos de protesta contra el apartheid. En fecha reciente, Francia decidió retirar a su embajador de Pretoria. Medidas semejantes han sido adoptadas por otros países europeos, y en concreto por España. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronunció asimismo en favor de medidas para ejercer presión sobre el Gobierno surafricano. La Comunidad Económica Europea (CEE), con la participación de España, y a pesar de la negativa británica a la adopción de sanciones, ha exigido el cese de la represión. A nivel de opinión pública, la reacción más fuerte ha sido probablemente la que se ha producido en EE UU, con manifestaciones constantes, con la participación de figuras muy relevantes, exigiendo sanciones económicas efectivas contra el Gobierno de Pretoria. El Congreso ha votado ya una disposición que estipula determinadas medidas económicas contra Africa del Sur, que deberá ser ratificada en septiembre por el Senado; y corresponderá entonces al presidente Reagan decidir si la veta o no.

En realidad, la política de la Administración Reagan de "compromiso constructivo", presentada como una forma de ayudar a las reformas de Botha para así superar el apartheid, ha sido el principal apoyo internacional para éste. Últimamente, con el envío a Viena del consejero de Reagan Robert McFarlane a entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores de África del Sur, Roelof Botha, EE UU ha contribuido a suscitar esperanzas en torno a la política de Pretoria; se habló incluso en esa ocasión de "medidas audaces" que iban a ser anuncia das en el discurso del presidente. Por eso, el discurso de éste puede ser considerado no sólo como un desafío a la opinión pública internacional, sino como un gesto que deja en muy mal lugar precisamente a los que se han esforzado por presentarle como un partidario de reformas que se disponía a mejorar la situación de los negros. Un caso particularmente demostrativo es el del líder negro Nelson Mandela, encarcelado desde hace 21 años y que según todos los sondeos disfruta de la máxima popularidad entre la población negra. La CEE y numerosos Gobiernos han pedido la puesta en libertad de Mandela. Es obvio, por otra parte, que si el Gobierno de Pretoria desease de verdad iniciar una negociación con la mayoría negra, esa liberación es absolutamente imprescindible. El 15 de agosto, Botha ha respondido con un no rotundo a esa demanda; con ello, sus declaraciones vagas de que piensa negociar con los negros parecen más bien una finta argumental.

Lo lógico sena que, después del discurso del presidente, la comunidad internacional se decidiese a adoptar sanciones efectivas que obligasen de verdad al Gobierno racista de Pretoria a revisar su política. Pero existen intereses muy fuertes que van en un sentido contrario. El propio McFarlane, sin poder disimular su decepción, se agarra a la eventualidad de "futuras negociaciones" con los negros para decir que EE UU seguirá con su política de "compromiso constructivo". El Gobierno de Margaret Thatcher mantiene su negativa a sanciones económicas, pero ello no debe impedir que los otros Gobiernos de la CEE adopten una actitud clara y consecuente ante una de las violaciones más escandalosas de los derechos humanos que se conoce en el mundo contemporáneo.