El juez archiva la querella contra el Consejo de Administración de Inmobiliaria Puente Cultural

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, José Luis Barragán, archivó ayer el procedimiento que se seguía contra el nuevo consejo de administración de Inmobiliaria Puente Cultural, SA, al considerar que no ha existido delito, después de haber tomado declaración a varios de los querellados.El presidente del anterior consejo de la sociedad, Ignacio Lázaro Ochaíta, había presentado querella criminal contra la nueva dirección por presunto delito de falsedad en documento mercantil. A este querella se unieron las presentadas por otros 850 accionistas.

El nuevo consejo, según consta en el Registro Mercantil, está formado por Alejandro de la Fuente Dueñas, Yolanda Martín Pereira y Ángel Nuñez Calvo que, según fuentes de la empresa, compraron en mayo la totalidad de las acciones registradas de la inmobiliaria. Formalmente, en ese mes la sociedad aparecía con un capital social de dos millones de pesetas, aunque ahora constan 230 al haberse inscrito en el mes de julio una ampliación efectuada en 1977.

Los accionistas querellantes -casi 5.000 pequeños ahorradores de avanzada edad invirtieron allí su dinero- afirman, sin embargo, que el capital social real es de 1.925 millones de pesetas, como figura en sus acciones. Los accionistas tienen sus pólizas de compra debidamente intervenidas por corredor de comercio, e incluso los resguardos provisionales de las acciones, pero no figura inscrita en el registro la ampliación de capital correspondiente.

El consejo de administración ahora depuesto se nombró en junta general de accionistas en 1981 y su labor fundamental fue levantar las hipotecas existentes sobre los inmuebles y evitar así su embargo. Este año la sociedad quedaba prácticamente libre de deudas.

El consejo presidido por Lázaro Ochaíta fue requerido notarialmente el pasado 20 de julio por el nuevo presidente para que entragara la documentación y el domicilio social, lo que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto "a fin de evitar males mayores a la inmobiliaria", según comunicaba el propio Lázaro Ochaíta a los accionistas en una carta con fecha de 30 de julio. En ella daba cuenta también de la interposición de la querella criminal, ahora archivada, en la que se pedía, entre otras cosas, el nombramiento de tres interventores judiciales.