Hacienda embargará directamente a los contribuyentes que no paguen impuestos

La reforma de la inspección y gestión fiscal iniciada hace un año culminará con un nuevo sistema de recaudación en vía ejecutiva, cedida hasta ahora a las diputaciones, y con la reestructuración de los tribunales económico-administrativos. Hacienda quiere lograr la unidad de acción: ocuparse tanto de descubrir al defraudador como de ejecutar su embargo judicial. También proyecta agilizar los recursos administrativos de los contribuyentes sin merma de su justicia.

Los proyectos que cierran la actual reforma inspectora, trazados con el objetivo de que en los dos próximos años cambie el panorama del fraude fiscal, fueron anunciados ayer en Santander por el secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, y por el director general de Inspección, Jaime Gaiteiro Fortes. Ambos confirmaron que el próximo mes de septiembre saldrán a la calle los 500 agentes tributarios recién contratados.Asimismo, anticiparon que será dictada una orden ministerial para regular las funciones de las delegaciones y de los dos centenares de nuevas administraciones tributarias.

Tras criticar los métodos y la carencia de medios para luchar contra el fraude que había hace un año, cuando casí la mitad del trabajo de los dos millares de inspectores y subinspectores se centraba en tareas que podían realizar otros funcionarios, Jaime Gaiteiro dijo que el conjunto de la administración tributarla aumentará este año sus efectivos humanos un 80%; tenía 13.917 funcionarios y se incorporarán 11.500 personas, la mitad personal laboral. Además, invertirá en medios informáticos un 40% más que el año anterior, hasta llegar a 950 millones de pesetas.

Los 500 agentes que acaban de ser contratados en julio para ayudar a los inspectores y subinspectores, dentro de un organigrama que solapa el entramado territorial con los planes de actuación, empezarán a visitar a los comerciantes y colaboradores de Hacienda el próximo 1 de septiembre. Con la información del primer censo de etiquetas fiscales (a finales de mayo iban 1.711.985, es decir, 413.397 más que en el inicial) comprobarán por cada calle si faltan licencias fiscales o si las censadas se corresponden a las actividades reales.

En una segunda fase, vigilarán el cumplimiento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) por los comerciantes minoristas, quienes pagarán el llamado recargo de equivalencia, y por las empresas con menos de 50 millones de pesetas de ventas.

Grandes empresas

Paralelamente, y con datos suministrados por la unidad central, la nueva oficina nacional de inspección se ocupará de lleno en investigar las 300 mayores empresas españolas, que reúnen más de la tercera parte de las ventas y de la deuda fiscal.

En el segundo nivel, las delegaciones especiales vigilarán por regiones las 2.000 mayores empresas, que representan el 57% de las ventas y de la deuda, y a los focos sectoriales de fraude. En el tercero, las nuevas administraciones canalizarán el trato directo con los contribuyentes.

Como broche de estos planes, para los que se esperan "resultados espectaculares" ya en parte registrados, según Martín Seco, el proyecto de reformar la recaudación en vía ejecutiva pretende llegar a "una gestión integral, que abarque desde descubrir la deuda a cumplir el embargo judicial". De la ejecución se encargan hasta ahora los recaudadores de las Diputaciones, quienes cobran también las de la Seguridad Social y las de corporaciones locales en período voluntario.

Por la acumulación del trabajo y porque ha fallado su coordinación con Hacienda, cuyas delegaciones les prestan poca ayuda para identificar a los sujetos de ejecutivos judiciales, los portavoces del fisco consideran que "el sistema funciona mal".

En prueba de que España es de los países que menos gasta en inspección, según reiteró Gaiteiro, un representante de la Dirección General de Impuestos de Francia, M. Barilari, explicó también en el curso sobre presión fiscal desarrollado en Santander que su administración recupera entre el 35% y el 40% del presunto fraude, estimado en un 10% de los presupuestos del Estado.

Desglosado por impuestos, en Francia apenas llega al 14% en el de la renta, 20% en sociedades y 6% en IVA.