La extradición del ex presidente de Rumasa

La situación jurídica de Ruiz-Mateos sigue sin definirse tras dos años y medio de litigios

El 18 de febrero de 1983, el ministro de Economía, Miguel Boyer, declaró: "Si Rumasa rompe con Arthur Andersen para hacer la auditoría del grupo, se le enviarán los inspectores del Banco de España". Cinco días más tarde, el portavoz del Gobierno anunciaba la expropiación de uno de los mayores grupos empresariales de España, decidida en Consejo de Ministros. Al mismo tiempo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el texto del decreto-ley nacionalizador.

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El 4 de marzo, Ruiz-Mateos fijó su residencia en Londres. En la misma fecha, el fiscal general del Estado designó a dos fiscales para investigar la situación del holding. Tres días después, el Grupo Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto expropiador, que fue desestimado en diciembre del mismo año. La sentencia declaraba constitucional el decreto-ley de expropiación del holding. El 10 de mayo, el Congreso aprobó el proyecto de ley de expropiación.En marzo de 1984, el Consejo de Ministros adjudicó el Banco Atlántico a un consorcio bancario hispano-árabe. El 25 de abril, la policía fronteriza de la República Federal de Alemania (RFA) detuvo a Ruiz-Mateos en el aeropuerto de Francfort, adonde llegaba procedente de EE UU. En el momento de su detención llevaba un revólver y un pasaporte panameño falso. Tres días más tarde ingresó en la prisión de Preugensheim, en Francfort.

El 30 de mayo del mismo año, el Gobierno español remitió al alemán la documentación solicitada para la extradición por varios delitos, entre ellos estafa, apropiación indebida y delitos monetarios. El 6 de junio fue admitida a trámite la solicitud de extradición. El día 20 de ese mismo mes, el Consejo de Ministros aprobó la reprivatización de la cadena hotelera del grupo, Hoteles Agrupados, SA.

Un mes después, el Tribunal del Estado de Hesse concedió la libertad provisional del industrial tras el pago de una fianza de 10 millones de marcos (unos 550 millones de pesetas).

Nuevos interrogantes

El 31 de julio se firmó la escritura pública del convenio obligacional otorgado por el Estado y 12 entidades bancarias que se hicieron cargo de la gestión de los bancos de Rumasa.

El 5 de octubre, un auto dictado por el juzgado de primera instancia envió la expropiación de Rumasa al Tribunal Constitucional, que lo admitió a trámite. Esta decisión abrió nuevamente los interrogantes jurídicos sobre el caso.

El 29 de marzo, la Audiencia Territorial de Francfort anunció el fallo por el que se concedía la extradición a Ruiz-Mateos. La sentencia concede la extradición sólo por dos acciones. La primera por haber realizado asientos contables sin conocimiento de los tribunales, con fondos procedentes de créditos ficticios, para una presunta regulación de las pérdidas de diferentes bancos del grupo Rumasa a principios de 1983, y luego, el 24 de febrero de 1983, reintegros a las cuentas pertenecientes al grupo Rumasa. La segunda por haber incrementado sin base real los balances patrimoniales del grupo. La Audiencia Territorial de Francfort acordó mantener el régimen de libertad bajo fianza. Y fuentes de la Fiscalía declararon que la solicitud por motivo fiscal estaba incompleta, por lo que no .se podía conceder la extradición por ese delito.

En junio de este año, el empresario consiguió un aplazamiento para evitar su extradición. El ministro de Justicia decidió no continuar con el procedimiento mientras no se recibiera en el Tribunal Constitucional una petición de Ruiz-Mateos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0014, 14 de agosto de 1985.

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