Una defensa cambiante y sin definir

La defensa de los intereses de Ruiz-Mateos ha corrido sucesivamente a cargo de tres bufetes. En el momento álgido de la expropiación, los asesores legales del empresario eran los abogados Alejandro Rebollo y Fernando Castedo. El ex presidente del holding ha acusado con posterioridad a ambos de haberle conducido a la encerrona que supuso la rueda de prensa del 22 de febrero de 1983, un auténtico desafío al Gobierno socialista que precipitó la decisión expropiatoria.El abogado Matías Cortés ocupó un amplio interregno en la defensa de Ruiz-Mateos tras la salida de Rebollo y Castedo. Suyo fue el dictamen jurídico que más tarde serviría de base para la presentación del recurso de inconstitucionalidad. Pero también Cortés sería repudiado y acusado de traidor por el ex propietario de Rumasa. Tras Matías Cortés, le llegó el turno a Crispín de Vicente, que desde hacía años había venido llevando distintos casos al holding de la abeja. Las relaciones entre ambos entraron en crisis a finales de noviembre de 1984 y explotaron el 2 de junio pasado, alegando como motivo el impago de sus honorarios. Esta causa, además, ha imposibilitado que Crispín de Vicente dé la venia al nuevo equipo que elija el ex presidente de Rumasa y que, en principio, podría estar encabezado por Miguel Bajo.

Mientras se solucionan los problemas con la venia, han seguido defendiendo a Ruiz-Mateos tanto el propio de Vicente, como los letrados Gonzalo Rodríguez-Mourullo, Horacio Oliva y Francisco Javier Sáenz, que conservan la venia en el aspecto penal. Crispín de Vicente la conserva en la impugnación de la legalidad de la expropiacíón.