El fraude fiscal supera ampliamente al déficit público anual

Hacienda admite que las rentas ocultas cada año al fisco exceden a los cerca de ocho billones de pesetas estimados por el último informe sobre el fraude fiscal, debido a que los autores de éste no han tenido en cuenta los ingresos conseguidos en la economía sumergida.El problema fue objeto ayer tarde en Santander de una mesa redonda entre los portavoces de los partidos parlamentarios, quienes discreparon en las formas de atajarlo, pese a coincidir en su importancia y en que sin el mismo no habría déficit público. Pero también esta apreciación ha quedado superada por la realidad, a juzgar por los datos que facilitaron altos cargos del fisco.

Ignacio Ferrari, subdirector general de Política Tributaría, afirmó que el último informe sobre el fraude no ha tenido en cuenta los ingresos ocultos que han sido generados por la economía sumergida. Añadió que Hacienda deja de recaudar por ello en el impuesto sobre la renta un billón de pesetas de 1983.

Otros impuestos

Según Ferrari, el fraude en otros impuestos, también con datos de 1983, minora los ingresos anuales del fisco en más de otros 300.000 millones de pesetas adicionales. En el de patrimonio el fraude asciende al 31%; en el impuesto sobre sociedades al 46%; en transmisiones patrimoniales hay problemas de valoración y en el impuesto sobre tráfico de empresas, casi un tercio de las ventas no se declaran.Los datos manejados por Hacienda sobre el año 1983 indican que el fraude redujo su recaudación en más de 1,3 billones de pesetas, sin contar la citada presencia de la economía sumergida. El déficit del Estado se situados años después en la misma cantidad, aún cuando incluye parte de los gastos financieros causados por los déficit de años anteriores.

Miguel Cruz Amorós, jefe del gabinete de estudios de la Dirección General de Tributos, criticó como fuente legal de evasión el sistema de estimación objetiva singular. Cruz propuso un mínimo exento en el impuesto sobre la renta como forma de equidad fiscal, y consideró innecesaria la separación de renta entre los cónyuges desde la opinión de que el actual tratamiento de la unidad familiar es serio y razonable. Esto evidencia que en el propio Ministerio de Hacienda hay discrepancias entre los técnicos sobre el anunciado cambio, adquirido como compromiso político por el supeministro Miguel Boyer y luego asumido por sucesor, Carlos Solchaga.

Agustín Rodríguez Sahagún (CDS), propuso como único remedio un pacto parlamentario sobre la idea de que el fraude es un robo. Los representantes del PSOE afirmaron que con las medidas ya tomadas se quebrará la tendencia a que las rentas del trabajo soporten la mayor parte de la carga fiscal.

Pérez Royo, del Partido Comunista de España (PCE), consideró el fraude un engaño a los perceptores de rentas de trabajo, aunque dijo que también defraudarían en la situación actual si no tuvieran sus ingresos tan controlados. A una crítica sobre la supresión por UCD de las listas públicas de contribuyentes, Alfonso Osorio (Grupo Popular) pidió que como primera medida se hagan públicos los ingresos declarados por todos los cargos, a lo que el portavoz del PCE contestó que el problema no está en saber ésto sino en que se sepa en quienes defraudan.