Los trabajadores de una empresa del presidente del Betis, en huelga por reducción de empleo

Los 560 trabajadores de la empresa Novalim, SA, que realiza la limpieza en la ciudad sanitaria Virgen del Rocío, de Sevilla, continúan la huelga legal convocada en protesta por la adjudicación de la contrata a otra empresa, Serlima, que tendrá que rebajar la plantilla en más 100 empleos. Novalim, perteneciente a Gerardo Martínez Retamero, presidente del Real Betis Balompié, ha incurrido en numerosas irregularidades en los últimos años, y tiene deudas superiores a los 700 millones de pesetas.

La huelga de limpieza de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla está teniendo escasa influencia debido a que los mínimos fijados por la dirección provincial de la RASSSA (antes Insalud) de 281 trabajadores son considerados muy altos por el comité de empresa. No obstante, los trabajadores permanecen encerrados en el centro sanitario y realizan manifestaciones diarias. Durante tres días se han concentrado ante el hotel donde se ha celebrado el congreso internacional de las juventudes socialistas, y en la conmemoración del aniversario de la muerte de Blas Infante increparon al presidente de la Junta de Andalucía.La acción tiene su origen en la concesión, mediente concurso, de la contrata de limpieza a la empresa Serlima por valor de 650 millones de pesetas. Ello supone que la nueva concesionaria se verá obligada a reducir la plantilla, al menos, en 100 trabajadores, ya que con el actual convenio, que supone un incremento salarial anual de dos puntos por encima del aumento del coste de la vida y el actual nivel de empleo, el precio alcanzaría los 1.200 millones de pesetas.

La empresa Novalim, concesionaria desde 1981 del servicio de limpieza, es la empresa más cara de todas cuantas operan en España, con un precio, entonces, de 556 millones anuales. En los últimos cuatro años se ha vistó envuelta en numerosas irregularidades y estuvo en suspensión de pagos desde diciembre de 1982 hasta noviembre de 1984. Novalim es propiedad del conocido abogado sevillano y presidente del Real Betis Balompié, Gerardo Martínez Retamero.

En septienibre de 1981 la empresa solicita una primera revisión de precios por valor de 10 millones anuales y se le concede por la mitad. Una segunda revisión se encuentra en trámite de resolución. El incremento de trabajadores procedentes de otras contratas y la aplicación del convenio colectivo provocan la falta de liquidez, que lleva a que la nómina de noviembre de 1982 no sea abonada pese a que se le entrega al consejero delegado el cheque correspondiente por valor de 47 millones. Dicho talón fue absorbido por una cuenta deudora.

Suspensión de pagos

Los trabajadores van a la huelga. El consejero delegado solicita de forma reiterada un adelanto de 60 millones con cargo a las retenciones legales del 5%, pero se le deniega. El día 20 de diciembre se declara en suspensión de pagos. El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla nombra tres interventores, entre ellos a Francisco García de la Borbolla y Cala, que por entonces iba en la candidatura de Gerardo Martínez Retamero a las elecciones del Real Betis, que se celebraban en aquel mes. El día 21 de diciembre se produce un escrito firmado por García de la Borbolla en el que solicita un adelanto con cargo a las retenciones legales. Tras dudas iniciales, el Insalud concede un adelanto de 25 millones que termina con la huelga.Francisco García de la Borbolla, actualmente vicepresidente económico del Betis, fue retirado de la intervención judicial de Novalim a instancias del presidente de la Audiencia de Sevilla. Durante todo el período de la suspensión de pagos, la empresa, con la aquiescencia de los interventores, no ha pagado con nóminas, sino con "recibos a cuenta de salarios" de los que se descontaba la Seguridad Social y los impuestos para Hacienda. Eso motivó numerosas denuncias de los trabajadores en Magistratura, que calificó el hecho de "falta grave en grado máximo le impuso multas de 250.000 y 500.000 pesetas. En este momento Novalim debe 500 millones dé pesetas a la Seguridad Social, más de 200 millones de atrasos a los trabajadores y unos 100 millones al Ministerio de Hacienda por impago de impuestos.

Ante esta situación, el comité de empresa y CC OO pretendían que la Administración absorbiese la plantilla como propia. Tras haber obtenido la contrata, Serlima iniciará negociaciones con el comité para reducir empleo.