La justicia militar se inhibe para juzgar a 14 policías detenidos en Chile
La Corte Suprema de Justicia chilena deberá decidir si 14 carabineros acusados de planear y ejecutar la muerte por degollamiento de tres comunistas hace cuatro meses serán juzgados por un tribunal civil o uno militar.El conflicto de competencia para procesar a los policías, detenidos desde el jueves en cuarteles militares de Santiago, surgió ayer cuando el juez militar, general Samuel Rojas, se declaró incompetente para instruir el proceso. José Cánovas, el juez civil que investigó el caso durante cuatro meses y que terminó encontrando "presunciones fundadas" de la participación de los policías en el triple crimen, también se había declarado incompetente la semana pasada debido a que los acusados tenían fuero militar.
El caso levantó una tormenta política en Chile y provocó el cese del jefe de la policía y miembro de la Junta de Gobierno, general César Mendoza.
El juez militar rehusó tomar en sus manos la investigación, porque si bien existían pruebas suficientes para inculpar a personas con fuero militar, ello no implicaba que hubieran infringido disposiciones del código militar.
Simultáneamente, la dirección del cuerpo de carabineros confirmó ayer que tres oficiales de Concepción, una ciudad industrial 500 kilómetros al sur de Santiago, fueron dados de baja y detenidos por haber falsificado documentación relativa a la muerte de un joven universitario hace dos meses.
El joven Jorge Randolph fue detenido en la noche del 27 de junio por conducir en estado de ebriedad y apareció muerto al día siguiente en una playa cercana. La policía dijo que Randolph se había fugado y luego se había suicidado, pero una autopsia reveló que la causa de la muerte era la rotura del hígado por golpes. Tras dos meses de investigación se estableció que los tres oficiales -un mayor y dos subtenientes- falsificaron documentos para ratificar la versión del suicidio. El joven no tenía filiación política conocida.
La violencia policial fue denunciada ayer en Cambridge (Estados Unidos) por médicos del Comité Estadounidense de Derechos Humanos, que hicieron público un informe según el cual la tortura en Chile está aumentando "a pasos agigantados".
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