El Gobierno aprueba el Plan General de la Defensa

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan General de la Defensa Nacional, integrado por 22 objetivos que, por orden del presidente del Gobierno, deben ser puestos en práctica por los ministerios. Los 22 objetivos desarrollados ahora -que van desde la potenciación de una conciencia de defensa nacional entre los ciudadanos hasta planes para proteger a la población civil en casos de catástrofes o conflictos- fueron fijados en la denominada Directiva de Defensa Nacional, dictada por el jefe del Ejecutivo, Felipe González, el pasado 10 de julio de 1984. El Gobierno también aprobó el proyecto de ley sobre Criterios Básicos del Patrimonio Sindical Acumulado, que prevé la cesión del patrimonio sindical histórico a los sindicatos y patronales "más representativos".

El ministro de Defensa, Narcís Serra, compareció en la habitual conferencia de prensa tras los consejos de ministros, y manifestó que, con la aprobación del Plan General de la Defensa, "por primera vez se abre formalmente el Ciclo de Política de Defensa". Este ciclo incluye, por orden de elaboración, los criterios básicos de la defensa, la Directiva de Defensa Nacional, los objetivos previstos en la directiva -que en este caso se materializarán en 243 cometidos diferentes para los ministerios, de los que sólo 13 son secretos-, y los planes ministeriales que garanticen el cumplimiento de esos cometidos.Uno de los 22 objetivos globales fijados por el presidente del Gobierno es el Plan Estratégico Conjunto (PEC), concretamente el tercero, que se encuentra prácticarnente ultimado y que será estudiado en un posterior Consejo de Ministros. El plan general es, según la ley orgánica de la Defensa Nacional, "la disposición, integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales y rriateriales de la nación frente a cualquier forma de agresión", mientras que el PEC recoge los aspectos puramente militares de dicho plan. En la elaboración de estos documentos trabajó activamente el vicealmirante Fausto Escrigas, director general de Política de Defensa, asesinado el pasado lunes en Madrid.

Los cuatro objetivos más importantes de la directiva de defensa fijada por Felipe González consisten en defender el orden constitucional, proteger a la población frente a grandes riesgos o amenazas, aportar el mayor esfuerzo para mantener la paz entre las naciones, desarrollar la capacidad de disuasión frente a las amenazas previsibles y controlar el Estrecho de Gibraltar. Serra no quiso concretar cuáles eran son amenazas, pero en la directiva del presidente del Gobierno se cita como la más probable la procedente de los países del área del Magreb y los países que puedan aportar apoyo logístico a éstos.

"La defensa no es materia de política militar, sino una acción conjunta del Gobierno, que puede suponer la movilización de todos los recursos del país en unos plazos razonables", explicó el ministro de Defensa.

Narcís Serra reconoció que el PEC se está elaborando con retraso, pero, preguntado si en tal demora ha influido la firma del acuerdo de fusión libio-marroquí, respondió que no ha habido "ningún elemento de política exterior" que haya originado el retraso.

También señaló que el Gobierno informará del plan general y del PEC a las Cortes, porque el Ejecutivo pretende que la política de defensa sea "seguida por la mayoría de los partidos del arco parlamentario".

El ministro afirmó, al hablar de la protección a los mandos militares, que entre Interior y Defensa no existe disparidad de criterios, sino que, en todo caso, el problema "es de falta de medios".

Serra afirmó que, al menos en cinco ocasiones, se ha estudiado la posibilidad de crear un grupo militar de protección antiterrorista, pero evitó concretar cuáles habían sido los resultados de esos estudios. Preguntado si Escrigas no llevaba ninguna protección y realizaba siempre el mismo trayecto hacia el ministerio, dijo que el vicealmirante no estaba realizando "un movimiento rutinario", pero tampoco quiso, añadir más detalles.

Cesión del patrimonio

Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Javier Solana, explicó el proyecto de ley sobre el patrimonio sindical y señaló que el Gobierno ha tenido en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Sindical y el Acuerdo Econórnico Social (AES).Básicamente, según Solana, la ley define qué es el patrimonio sindical acumulado, ordena el paso de éste al Patrimonio del Estado, y fija "la cesión en uso" del mismo a los sindicatos y patronales "más representativos", a la vez que crea una comisión tripartita de control, gestión del patrimonio sindical.

Para CC OO, la ley no fija ni procedimientos ni garantías en el reparto del patrimonio, a la vez que convierte a la Administración en la verdadera, propietaria del mismo y en juez y parte a la hora del reparto.

Obras públicas en Cataluña

En la conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno fue preguntado si Felipe González tenía previsto embarcar de nuevo en el yate Azor, a lo que Solana respondió: "No le puedo contestar con precisión en qué fecha volverá a embarcar en el Azor". Al insistir el periodista en que deseaba saber si el presidente del Gobierno embarcaría nuevamente en ese yate, el portavoz precisó: "Creo que está explícito en mi respuesta".Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó unas inversiones de 9.000 millones de pesetas para las construcciones del embalse en Guadalcacín en Jerez de la Frontera (2.790 millones de pesetas), del enlace por carretera al puerto de Tarragona (2.300 millones), la variante de circunvalación a esta ciudad, la mejora de la carretera Madrid-Francia por La Jonquera en el tramo de Gerona, y el arreglo de la carretera Madrid-Valencia a su paso por Cuenca.

El Gobierno también aprobó siete decretos de transferencias a Navarra, la concesión de 2.373 millones de pesetas para reparar daños por inundaciones en Cataluña y País Vasco, la adquisición del Banco de Finanzas por el Chase Manhatan, el ajuste a la CEE de la próxima campaña vinícola, la desaparición del Patronato de Protección a la mujer y un acuerdo de cooperación técnica con Cabo Verde.

En el capítulo de nombramientos, Aurelio Sahagún es el nuevo director general de Relaciones Informativas de la Oficina del Portavoz, y José Aparicio Calvo-Rubio es teniente fiscal del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el Gobierno aprobó el ascenso a general de Manuel Oltra, José Rodrigo Rodrigo, José Jiménez Pérez de Larraya, Juan Pérez Cruxells, Francisco Enríquez Entrecanales y Francisco de los,Riscos; a vicealmirante, de Juan Ruiz Montero; y a contralmirante, de Jesús Portillo Julvez.