Carlos Solchaga reabre oficialmente el diálogo entre el Gobierno y UGT con una entrevista con Nicolás Redondo

Carlos Solchaga, ministro de Economía, mantuvo ayer una entrevista con Nicolás Redondo, secretario general de UGT, en la que se analizaron los diferentes puntos pendientes de concertación. En el encuentro, calificado por sectores sindicales de "reinicio formal del diálogo", Redondo recibió la confirmación de que el Gobierno en conjunto asumía la carta del ministro de Trabajo en la que se afirmaba que no se modificaría la legislación sobre despido colectivo. Sin embargo, Solchaga se opuso a que se enviara esta carta, y sólo la intervención del presidente del Gobierno hizo cambiar su opinión.

La reunión que ayer mantuvo el ministro de Economía, Carlos Solchaga, con Nicolás Redondo -que se prolongó poco más de una hora- ha sido interpretada en UGT como el primer acto oficial de la reconciliación entre el Gobierno y UGT. Redondo acudió solo a una entrevista que, según sus palabras, se produjo en tono cordial. Los verdaderos encuentros comenzarán en la primera semana de septiembre para tratar de acomodar los Presupuestos del Estado a los compromisos asumidos en el Acuerdo Económico y Social (AES).Aunque en la entrevista de ayer se habló de estos temas, la verdadera discusión se producirá en septiembre, cuando las reivindicaciones de UGT se enfrenten a las disponibilidades presupuestarias. Disponibilidades que no están para "demasiadas alegrías", tal y como Solchaga anticipó en la mañana de ayer al secretario general de UGT, al que advirtió que uno de sus primeros objetivos era la contención del déficit y que el margen de maniobra "era muy pequeño".

La carta de la discordia

Nicolás Redondo aprovechó el encuentro para entregar a Solchaga la resolución del último comité confederal -críticas a los incumplimentos del Gobierno en el AES, rechazo al proyecto de pensiones, etcétera- y para comentar la carta que el ministro de Trabajo le había remitido mostrando la voluntad del Gobierno de no modificar la legislación sobre despido colectivo. Carlos Solchaga, como miembro del gabinete, confirmó al dirigente sindical que, en efecto, se trataba de un compromiso del Gobierno y, en consecuencia, no se procedería a modificar la legislación y se daba por resuelto el compromiso del AES.

No obstante, fuentes consultadas por este periódico señalaron que las tres cartas remitidas por Almunia -que formaban parte de una estrategia perfectamente diseñada para quitar hierro al comité confederal de UGT- contaron desde el principio con el más rotundo rechazo por parte del titular de Economía. Solchaga se había pronunciado apenas 24 horas antes de que el motorista depositara los tres sobres en la sede de UGT, a favor de flexibilizar el mercado de trabajo.

Solchaga y el ex ministro Boyer han sido los más fervientes defensores de introducir mayores facilidades para el despido, profundamente convencidos de que la recuperación del empleo pasa por medidas de este tipo.

La idea de enviar los tres escritos, desbloqueando la negociación sobre participación en empresa pública, patrimonio sindical y cortando la posibilidad de facilitar el despido, contaba con el apoyo del PSOE, y no era más que un "gesto de buena voluntad" hacia la central socialista, dado que algunos de los temas -patrimonio y empresa pública- estaban en marcha hace ya meses. La gran novedad era el compromiso del Gobierno de no modificar el despido colectivo. Las resistencia de Solchaga quedaron vencidas por la intervención del presidente del Gobierno, Felipe González, quien se mostró a favor de remitir los escritos.

Hasta ahora, Solchaga se ha reunido, como responsable de Economía, con la patronal bancaria, con la CEOE y con UGT. No hay reunión prevista con CC OO y tampoco, según fuentes de este sindicato, "ha tenido ni siquiera el detalle de hacer una sola llamada telefónica". La actitud del titular de Economía ha sido fuertemente criticada por Comisiones, por entender que, como mínimo, "esperábamos un gesto de cortesía".

Precisamente ayer el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por CC OO contra la sentencia que denegó la participación de esta central en las comisiones de desarrollo del AES.