El Gobierno promete a UGT la rápida devolución del patrimonio sindical

El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, ha asegurado por escrito a Nicolás Redondo, secretario general de UGT, que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la devolución del patrimonio sindical -acumulado e histórico-, que no habrá cambios en la legislación laboral que faciliten el despido colectivo y que está dispuesto a negociar de forma inmediata la participación sindical en la empresa pública. Estos eran, precisamente, los tres temas pendientes de concertación entre el Gobierno y la central socialista, y pueden dar un vuelco total a sus relaciones futuras .

Justamente un día antes de que se celebre el comité confederal de UGT en el que el sindicato decidirá su actitud futura ante el Gobierno, Joaquín Almunia ha remitido tres cartas a UGT en las que muestra la voluntad del Ejecutivo de desbloquear satisfactoriamente para la organización obrera los temas pendientes de negociación.En el caso de la devolución del patrimonio sindical, Almunia anuncia que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un proyecto de ley sobre este tema, tanto en lo que se refiere a los bienes del antiguo sindicato vertical como a los incautados en la guerra civil.

Fuentes de UGT que confirmaron que las cartas -con fecha de ayer- se habían recibido a mediodía en la sede del sindicato valoraron positivamente el gesto del Gobierno, pero matizaron que ello no se traduciría en una menor presión de la central socialista sobre la reforma de pensiones.

En el comité confederal que se inicia hoy, la ejecutiva ugetista tiene previsto presentar una propuesta para mantener acciones de presión contra el proyecto del Gobierno y la posibilidad de denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la reforma de las pensiones.

La afirmación de Almunia de no modificar la legislación laboral sobre despido colectivo por entender que es acorde con la de la Comunidad Económica Europea (CEE) disuelve de hecho la comisión creada al efecto en el Acuerdo Económico y Social. La patronal CEOE siempre aseguró que había firmado el acuerdo porque existía un compromiso para facilitar el despido colectivo. La organización empresarial pedía que en estos casos no fuera necesario el permiso de la autoridad laboral y la decisión se dejara en manos del empresario.

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