El Senado mantiene que las aguas superficiales y subterráneas pasarán a ser de dominio público

La nueva ley de Aguas será aprobada definitivamente el próximo martes en el Congreso, una vez que ayer fue votada en el Pleno del Senado con la introducción de algunas enmiendas técnicas. Las aguas superficiales, así como las subterráneas, pasan a ser parte del dominio público estatal, según se mantiene en el texto. El aprovechamiento y utilización de las aguas se sujeta a partir de ahora al régimen de concesión, sometido a plazo, y expropiación forzosa. Ello significa, para el Grupo Popular, la nacionalización de las aguas. El Partido Aragonés Regionalista (PAR), socio de Coalición Popular, estudia la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, al creer que vulnera competencias del Estatuto.

Portavoces de AP en el Senado afirmaron ayer que el Grupo Popular no tiene previsto presentar recurso contra esta ley, con la remisión de tal iniciativa al PAR. Fuentes de este partido afirmaron que no descartan tampoco que sea el Justicia de Aragón -figura similar al Defensor del Pueblo- quien interponga el recurso. Entre las competencias del Justicia figura la defensa del estatuto de autonomía. Los socialistas aragoneses recuerdan, no obstante, que el Ebro pasa por nueve comunidades autónomas.El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz de Cosculluela, debutó ayer en el cargo con la defensa de esta ley, de la que sorpresivamente dio muestras de ser un buen conocedor. Sáenz de Cosculluela recordó en los pasillos del Senado su etapa de ponente en la comisión de Obras Públicas, durante casi tres años, con el PSOE en la oposición, dato que olvidó incluir en su currículo tras ser nombrado ministro.

"Ésta es una ley nacida al calor de nuestras íntimas convicciones políticas, pero no es una ley partidista sino que tiene vocación de permanencia y de Estado", afirmó Sáenz de Cosculluela. El ministro destacó el carácter participativo de la ley, por la representación de los usuarios en los órganos de gobierno de las Aguas. Asimismo, las comunidades autónomas que lo deseen pueden incorporarse a la junta de gobierno, aunque la planificación de las necesidades del agua, recordó el ministro, es una competencia estatal.

La oposición en el Senado a esta ley la llevó exclusivamente el Grupo Popular, y más concretamente el senador del PAR Juan Antonio Bolea Foradada, ex presidente de la región cuando era militante de UCD. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Arias Cañete, defendió la enmienda de veto del grupo. "La ley procede a una nacionalización implícita de las aguas sin prever indemnizaciones, y coloca a los actuales propietarios ante el chantaje de transformar su propiedad en una concesión administrativa: ello supone sitiar por hambre a los viejos titulares de pozos", dijo Arias Cañete. Los diferentes portavoces socialistas se remitieron a la disposición transitoria primera, que establece para los actuales titulares de aprovechamientos de aguas públicas una prórroga de 75 años.

En el caso de los titulares de aguas privadas, este régimen les será respetado en los próximos 50 años. El Grupo Socialista rechazó la pretensión de la oposición de otorgar concesiones a perpetuidad. El caracter público de las aguas, -"que no sean de nadie, sino de todos"- lo justifica la ley por ser un bien escaso y esencial.

Toda vez que los aprovechamientos de aguas se otorgarán a través de concesiones, éstas guardarán un riguroso turno de prioridades, según las exigencias que establezca el plan hidrológico. Tienen prioridad absoluta todos aquellos que soliciten una concesión para abastecimiento de aguas para la población. Le siguen, en orden de importancia, las concesiones para regadíos y usos agrarios; y en último lugar los usos industriales para producción de energía eléctrica.