AP desea que continúen las diligencias sobre el espionaje político

El comité ejecutivo de Alianza Popular (AP) acordó ayer por unanimidad realizar las gestiones pertinentes para que las autoridades judiciales continúen realizando las oportunas diligencias en relación con la causa abierta por el espionaje policial al que han sido sometidos algunos partidos políticos, según declaró ayer José María Ruiz Gallardón, vícepresidente de AP. No obstante, precisó que AP esperará a conocer la decisión que adopte el juez instructor, José María Vázquez Honrubia, una vez que el Tribunal Supremo ha eximido de responsabilidad al Gobierno en dicha causa.

Gallardón señaló que las tres opciones existentes son éstas: que el juez decida archivar las diligencias, en cuyo caso, una vez analizadas las razones que dé el magistrado, AP decidirá si interpone recurso ante la Audiencia Provincial para que continúen las investigaciones; que el juez instructor, a la vista de que pueden estar implicados mandos policiales cuyo procesamiento corresponde a la Audiencia Provincial, decida pedir a ésta su competencia sobre el caso; que el juez instructor, como señala el propio Tribunal Supremo en su auto, decida continuar investigando los hechos, extremo que parece el menos probable.El vicepresidente de AP señaló que el partido acata la decisión del Tribunal Supremo, pero añadió: "AP está convencida de que ha existido espionaje y de que ese espionaje se ha probado en las diligencias judiciales".

Asímismo, y a la pregunta de si, en su opinión, el vicepresidente del Gobierno, el ministro del Interior y el diputado socialista Eduardo Martín Toval estaban implicados en los hechos, contestó: "Mi contestación es afirmativa. Tenemos el convencimiento moral último e íntimo".

Ruiz Gallardón, a lo largo de una conferencia de prensa registrada en la sede de su partido, también señaló que el auto del Tribunal Supremo "no está a la altura (técnica) de la media de los autos que dicta la Sala Segunda del Tribunal Supremo", hecho que calificó de "sorprendente", calificativo que también empleó al recordar que, a lo largo de toda su trayectoria profesional, no había conocido ningún caso en el que el Tribunal Supremo hubiera tomado una decisión con tanta celeridad.

También indicó Ruiz Gallardón que "no casa" el contenido del auto del Tribunal Supremo con el contenido del artículo 172 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente: "Quienes impidieren u obstaculizaren el legítimo ejercicio de la libertad de asociación o perturbaren gravemente las actividades estatutarias de cualquier asociación lícita, incurrirán en las penas de arresto mayor y multa de 25.000 a 200.000 pesetas, salvo que el hecho constituyere delito castigado con pena de mayor gravedad. Las penas se impondrán en su grado máximo cuando el impedimento, obstáculo o perturbación afectare al pluralismo político o sindical".

En opinión de Ruiz Gallardón, existe una gran contradicción entre este artículo del código y el informe enviado al juez Vázquez Honrubia -que también intervino 180 informes sobre AP en los archivos policiales- por el director de la Policía, Rafael del Río, quien afirmaba que es normal y aconsejable que la policía obtenga información sobre partidos políticos y centrales sindicales.

Para el vicepresidente de Alianza Popular, el Gobierno y el PSOE, si son lógicos y consecuentes, deben tramitar una ley para suprimir ese artículo del Código Penal, ya que entienden que es perfectamente legal que la policía investigue a los partidos políticos.

Por otro lado, Ruiz Gallardón anunció que AP está elaborando una demanda civil contra TVE por la información que difundió sobre la época en que el presidente de AP, Manuel Fraga, estuvo al frente del Ministerio de la Gobernación.

En un comunicado distribuido por el partido, se indica que el presidente del Gobierno, Felipe González, "no ha sabido explicar al país" los motivos por los que se han producido los recientes relevos en el Gobierno, calificados por AP como "crisis muy profunda" en el Ejecutivo.