La dirección de AP estudia si apela contra el auto del Supremo que exime al Gobierno en el espionaje político

El Comité Ejecutivo de Alianza Popular decide hoy si apela o no contra el auto que el Tribunal Supremo hizo público el pasado viernes, en el que se eximía de responsabilidad criminal en la causa por el espionaje político al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra; al ministro del Interior, José Barrionuevo, y al diputado socialista Eduardo Martín Toval. "Aquí hay un trabajo muy honrado y muy serio hecho por un juez muy honrado y muy serio, pero la interpretación de la ley -por parte del Supremo- nos deja con la boca abierta", declaró ayer José María Ruiz Gallardón, dirigente de AP.

José María Ruiz Gallardón, que ha intervenido en nombre de su partido durante la instrucción del sumario sobre el espionaje político, declaró ayer que se encontraba "consternado" por el contenido del auto emitido por el Tribunal Supremo, y agregó que el trabajo realizado por el juez instructor del sumario, José María Vázquez Honrubia, ha sido "impecable". Precisamente Vázquez Honrubia convocará en las próximas horas a las partes afectadas -AP y la Dirección de la Policía- para comunicarles oficialmente la decisión del Supremo y conocer sus intenciones.En el caso de que AP decida apelar el auto del alto tribunal, el correspondiente escrito tendrá que ser presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid. Ruiz Gallardón comentó que, tras conocer el auto del Supremo, "la situación es de pasmo". Preguntado si, en su opinión, se ha producido algún tipo de presión, respondió: "Ésa es una pregunta a la que yo no puedo contestar".

Además de la opción de apelar el auto, también existe la posibilidad de que, si el juez lo cree oportuno, el sumario sea remitido a la Audiencia Territorial de Madrid, para que ésta decida si hay indicios de responsabilidad criminal en algunos mandos policiales o en el director de la policía. Asimismo, el juez instructor también puede decidir archivar el sumario y dar por concluida la causa.

Democracia vigilada

A propósito del asunto, el secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, señaló ayer en Pinto (Madrid), durante la 12ª Conferencia de las Juventudes Comunistas de Madrid: "Podríamos estar en una democracia vigilada". Fuentes del partido comentaron que ha causado gran extrañeza el texto del auto del Tribunal Supremo, donde se indica que no hay indicios para procesar a ningún miembro del Gobierno o parlamentarios y, seguidamente, también se insinúa que, en el futuro, asimismo parece difícil que se pueda procesar a dichas personas en relación con la causa sobre el espionaje político. El PCE presentó el mes pasado una querella por haber sido objeto de espionaje policial y, en principio, se decidió que se uniera a la causa abierta a instancias de AP.En la misma intervención, según informa Efe, Gerardo Iglesias se lamentó de que el Supremo no se hubiera definido sobre la legalidad o ilegalidad de la investigación policial a partidos poolíticos en el mismo auto en que el alto tribunal ha eximido de responsabilidad criminal al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra; al ministro del Interior, José Barrionuevo, y el diputado socialista Eduardo Martín Toval, quien en un debate parlamentario exhibió un documento que AP consideró que le había sido extraído irregularmente.

Por otro lado, Enrique Curiel, vicesecretario general del PCE, ha anunciado que su partido prepara dos iniciativas parlamentarias relacionadas con el fondo documental de que dispone la policía sobre los partidos políticos y sobre la legalidad del espionaje a las organizaciones políticas. Curiel, así como algunos dirigentes de AP, también ha puesto de relieve que, al margen de las decisiones judiciales que se han producido o puedan producirse sobre este caso, existe una responsabilidad política del Gobierno.

Satisfacción de la policía

En medios de la Dirección General de la Policía y del propio Ministerio del Interior, por el contrario, el contenido del auto del Tribunal Supremo fue recibido, según fuentes de ambos departamentos, con satisfacción. De hecho, el abogado Luis Sánchez Movellán, que en esta causa defiende los intereses de la policía en lugar de hacerlo un abogado del Estado, ha manifestado que el auto del alto tribunal ha dado la razón a la Dirección de la Policía.No obstante, el juez instructor del sumario, José María Vázquez Honrubia, aún no ha decidido si emprenderá las correspondientes acciones para que la Audiencia Territorial señale o no su competencia, a la vista de los hechos, para procesar a mandos policiales, después de que algunos funcionarios y el propio director general de la Poolicía, Rafael del Río, han reconocido que la Brigada de Interior, dependiente de la Comisaría General de Información, realiza habitualmente investigaciones sobre partidos políticos legalizados y centrales sindicales.

José María Vázquez Honrubia señaló el pasado sábado que, aunque todavía no ha adoptado ninguna decisión concreta, estudia entre otras posibilidades la de archivar el sumario, ya que no encuentra lógico buscar responsabilidades entre subordinados -mandos policiales y agentes-, cuando el Tribunal Supremo ya ha eximido de responsablidades "a los de arriba", y especialmente al ministro del Interior, José Barrionuevo, de quien dependen los cuerpos de seguridad.

Por otro lado, y en la causa que, a instancia de la Dirección de la Policía, se sigue contra los presuntos implicados en haber filtrado al periódico Diario 16 la ficha policial de Enrique Curiel -publicada en dicho periódico el pasado mes de mayo-, el pasado viernes prestó declaración ante el juez el periodista Melchor Miralles, como autor de la información correspondiente a la citada ficha policial.

La declaración la prestó ante eljuez José María Vázquez Honrubia, también nombrado instructor de la causa. A las preguntas del magistrado sobre quién le había facilitado la ficha policial y a qué unidad pertenece, Miralles se acogió al derecho a guardar el secreto profesional reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

En el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid también existe otra causa destinada a conocer por qué vías llegaron a EL PAÍS cuatro informes policiales sobre actividades de partidos o dirigentes políticos.