El Gobierno regional cántabro publica un decreto para controlar e intervenir la Caja Rural de Santander

El Gobierno regional cántabro publicó ayer en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el decreto aprobado en su última reunión por el que se pretende controlar e intervenir la actividad de la Caja Rural de Santander, así como la de las cooperativas ganaderas que forman parte de ella. La Dirección General de Cooperativas ya ha anunciado su intención de impugnar la medida al considerar que genera un conflicto de competencias. El acuerdo del Ejecutivo cántabro se produce cuando está convocada judicialmente para el próximo sábado la asamblea general de la entidad crediticia ganadera, al objeto de renovar su consejo rector, cuya presidencia ocupa actualmente Ciriaco Díaz Porras.

En medios cercanos a la dirección de la caja rural se estimaba ayer que la actuación del Gobierno autónomo buscaría favorecer los intereses de antiguos rectores de la entidad. Este es el caso del alcalde de Ramales y miembro del ejecutivo del PDP, Fermín Gómez Seña, procesado por apropiación indebida y otros delitos. Gómez Seña pertenece al mismo partido que el vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PDP, Ambrosio Calzada.

El Gobierno regional cántabro fundamenta la regionalización de la Caja Rural de Santander en el artículo 28.2 del Estatuto de autonomía en el que se precisa que "de acuerdo con las bases y ordenamiento de la actuación económica general y la política monetaria del Estado" la Diputación Regional de Cantabria tendrá competencia sobre "instituciones de crédito corporativo, público, territorial y cajas de ahorro".

La decisión del Consejo de Gobierno de Cantabria de regionalizar la caja rural, pocos meses después de que los servicios jurídicos de la Asamblea cántabra informasen negativamente en torno a las posibilidades de control de la entidad por parte de la comisión parlamentaria, causó sorpresa, y en algunos casos malestar, en medios políticos de la región. Para el Grupo Socialista se trata de una clara intromisión en las competencias que corresponde, a los ministerios de Economía y de Trabajo, así como al Banco de España, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de autonomía.

El líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, diputado en el Parlamento cántabro, tras mostrar su sorpresa por el contenido del decreto, señaló que, como regionalista "me parece bien que se amplíen competencias siempre que se esté dentro de la legalidad, aunque pienso que si se controla la caja rural no entiendo por qué no hacerlo también con la caja de ahorros". Revilla afirmó que su partido se opondría firmemente si se confirma que el decreto esconde una maniobra tendente a colocar de nuevo al frente de la entidad a "ciertas personas que hundieron y expoliaron la caja".

Conflicto de competencias

Para la Dirección General de Cooperativas, a cuyo frente se encuentra Sebastián Reyna, el decreto aprobado por el Gobierno autónomo de Cantabria supone "conflicto de competencias, por invasión, por lo que resulta impugnable". En todo caso, la impugnación debe hacerse a instancias de Consejo de Ministros y, según todos los indicios, esta decisión no será tomada en el que se celebra hoy, primero del segundo Gobierno socialista, informa Pedro Cases.

La invasión aludida por la Dirección General de Cooperativas se fundamenta en que en el Estatuto de transferencias a Cantabria no figura la posibilidad de realizar ningún tipo de actuación intervencionista en las instituciones de crédito cooperativas, como es el caso de la Caja Rural de Santander. Es más, según dicho Estatuto, el Gobierno autónomo podría hacerse cargo de la entidad financiera despues de transcurridos cinco años y previa aprobación de una ley orgánica.

Por otra parte, el artículo del Estatuto en el que se respalda la decisión de la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria -concretamente el 28.2- es uno de los que esgrime la Dirección General de Cooperativas para justificar la posible impugnación. Dicho artículo atribuye determinas competencias al Gobierno autónomo, dentro de un marco de ordenación general, en relación a instituciones de crédito corporativo, "pero en ningún caso cooperativo", según señalan fuentes de la Dirección General de Cooperativas.

El mecanismo de posible suspensión sería automático si finalmente el Tribunal Constitucional, que recibiría el encargo del Consejo de Ministros, fallase en contra del mencionado decreto.

En cualquier caso, la impugnación de dicho decreto parece segura, aunque la decisión final dependerá de las resoluciones a las que lleguen los diversos departamentos ministeriales implicados en el caso y especialmente el Ministerio de Administración Territorial. Mientras se alcanza la solución final, la Dirección General de Cooperativas estaba dispuesta a enviar un inspector de trabajo a la Caja Rural de Santander si finalmente el decreto se llevaba adelante.