La hora del balance de Rumasa

CUANDO FUE anunciada la reprivatización de las empresas de Rumasa, no faltaron los pronósticos pesimistas sobre los ritmos y los plazos de ese complicado proceso, sometido a delicados trámites jurídicos y subordinado a la existencia de ofertas solventes y satisfactorias. Sin embargo, dos años y cuatro meses después de la expro piación del antiguo holding de la abeja, su entrega a la iniciativa empresarial está prácticamente ultimada. Tal vez haya llegado el momento de que la opinión pública sea informada del precio de la operación y de las perspectivas que aguardan a las empresas reprivatizadas después de haber sido saneadas con fondos presupuestarios. Porque hay razones para temer que, al menos en algunos casos, las prisas del Patrimonio por desembarazarse de Rumasa hayan hecho prevalecer la rapidez de las ventas sobre la idoneidad de los compradores y la adecuación del precio pagado en las transacciones.Al día de la fecha no se conoce el coste exacto de aquel terremoto que sacudió España en la noche del 23-F de 1983. Las cifras aproximadas, sin embargo, son de escalofrío: 520.000 millones de pesetas, resultado de la suma de los 440.000 millones de emisión de deuda efectuada en su día y de los 80.000 millones que Hacienda tendrá que solicitar al Parlamento para culminar la operación, según acaba de anunciar en Santander el director general del Patrimonio del Estado. Parece, pues, llegada la hora de hacer el balance definitivo del coste de Rumasa. Si el argumento de la expropiación fue que la quiebra del grupo industrial y financiero de Ruiz-Mateos -embarcado en una peligrosa vorágine financiera- ponía en riesgo la solvencia crediticia del país y el futuro laboral de sus 60.000 empleados, ahora el Gobierno está obligado a hacer públicas las cuentas de su gestión al frente del holding, las condiciones y compromisos en que se han hecho las ventas de las empresas y las garantías exigidas a los compradores para su viabilidad.

"El coste ha sido evidentemente elevado, pero inevitable", manifestó el ya ex ministro de Economía y Hacienda ante el Parlamento el 16 de mayo pasado. "El Gobierno ha resuelto el problema en un tiempo récord y de la forma más barata", aseguró más tarde Miguel Boyer. "Este ha sido un proceso valiente, exquisitamente cuidadoso, dirigido por unos señores deseosos de que la historia diga un día que se la cogieron con papel de fumar en su afán por no dejarse pillar los dedos", afirmó en otra ocasión un alto directivo de la Rumasa nacionalizada. Pero la contundencia de tales asertos no basta para suprimir las dudas ni para sustituir una rendición de cuentas en sí misma inexcusable por la palabra de honor dada por quienes administraron los bienes expropiados y resolvieron su posterior enajenación. Los recelos -maliciosos o justificados- de compradores defraudados no han faltado en algunas adjudicaciones. Y no es suficiente con que la reprivatización haya sido honesta; tiene, además, que satisfacer los requisitos de eficacia, escrúpulo y competencia que se exigen usualmente a los administradores de fondos ajenos.

Ha habido ventas tan desafortunadas como la muy reciente de Electrificaciones del Sur (Elesur), adquirida por antiguos ejecutivos de José María Ruiz-Mateos y sometida a la sospecha de que en la oferta adjudicataria haya podido participar un antiguo director general del holding, actualmente procesado por el juez Lerga por un presunto delito de evasión de capitales. Aunque el asunto ha salido a la luz pública, los responsables de la operación han dado la callada por respuesta. Nadie sabe tampoco el coste, en términos de pasivo, asumido por el Patrimonio del Estado, que ha significado soltar el lastre de Galerías Preciados. A pesar de que el Patrimonio seamos todos, Javier Moral ha llegado a sostener en público la peregrina idea -al referirse a la venta de Galerías Preciados al grupo Cisneros- de que "no podía desvelar los términos de un contrato privado". La enajenación de la división de vinos de Jerez le ha supuesto al Patrimonio asumir 40.000 millones de pesetas de pasivo rechazado por los compradores. Nada se sabe de esa espectacular venta de Hispano Alemana a ultimísima hora, ni del sacrificio que pudiera significar para las arcas del Estado. Los compradores árabes del banco Atlántico se han jactado de haber realizado el negocio de su vida. Sólo una información clara y completa permitirá despejar esas interrogantes y demostrar a los contribuyentes que el Estado no les ha hecho pagar el precio de sus propias prisas.