El Ayuntamiento no contestó desde 1982 a una denuncia sobre irregularidades en la recaudación

El Ayuntamiento de Madrid no atendió en 1982 una denuncia sobre presuntas irregularidades en el sistema municipal de recaudación de impuestos, presentada por José María García García, que había sido empleado de una oficina de recaudación. García pedía mayor control municipal y cuestionaba la falta de garantías para la Hacienda local en caso de que un recaudador resultara insolvente.

El antiguo empleado ha efectuado estas declaraciones al tener conocimiento del caso de Fermín Merino, recaudador ejecutivo de la zona de Ciudad Lineal al que el Ayuntamiento considera responsable de la desaparición de más de 360 millones de pesetas en un plazo de varios años.El día 15 de junio de 1982 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Madrid un informe de José María García García dirigido al delegado del servicio de Hacienda, Rentas y Patrimonio, cargo ocupado en aquellas fechas por Joaquín Leguina -actual presidente de la Comunidad de Madrid- en el que comunicaba varios tipos de presuntas irregularidades en el sistema de recaudación municipal. Al cabo de tres años, José María García ha declarado que "todavía no he obtenido ninguna contestación".

En su informe, trataba de subrayar la necesidad de que el Ayuntamiento controlara más directamente la recaudación y señalaba fallos en los siguientes apartados: recaudaciones voluntarias, fondos recaudados, agentes y vigilantes municipales y responsabilidad de los funcionarios. En la actualidad, la recaudación voluntaria ya ha pasado a ser directamente gestionada por el Ayuntamiento pero, según el denunciante, siguen las anomalías en los demás aspectos.

Respecto a los fondos recaudados, José María García apunta que el Ayuntamiento dispone de una garantía mínima en caso de insolvencia de un recaudador y recuerda los retrasos con que recuperó la Hacienda municipal los fondos robados en 1981 en dos oficinas que sufrieron sendos atracos.

En uno de los asaltos murió un agente de la Policía Municipal y en el citado informe se planteaba hasta qué punto es correcto que una oficina privada, aunque gestione intereses cedidos por el Ayuntamiento, cuente con vigilancia de agentes públicos. "Todavía siguen los policías municipales vigilando estas oficinas privadas", dice García.

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