El juicio oral contra los tripulantes del buque 'Christina' confirma las tesis de la existencia de contrabando
XOSÉ MARIA PALMEIROLa vista oral del juicio celebrado ayer en la audiencia de Pontevedra contra los tripulantes del buque griego Christina, apresado el 14 de diciembre de 1984 con el mayor alijo de contrabando de tabaco requisado hasta el momento en Europa, sirvió para reforzar los argumentos de la acusación. Las pruebas aportadas por los testigos de la acusación permiten asegurar que el Christina transbordó cajas de tabaco a las planeadoras que, a su vez, se dirigieron a las costas españolas. Eso equivale a determinar que hubo delito de contrabando y a afirmar la correcta aplicación del Convenio de Ginebra.El juicio se celebró con asistencia de unas 40 personas, entre las que se encontraban algunas presuntamente vinculadas al contrabando en Arosa y Cambados. El fiscal pedirá para el capitán del buque apresado cinco años de prisión y una multa equivalente al valor del alijo, 1.560 millones de pesetas, y tres años de prisión para cada uno de los ocho tripulantes -siete griegos y un chileno- para quienes pedirá también sendas multas de unos 180 millones.
La defensa de los tripulantes del Christina, buque propiedad de la aviera Christina Compañía Naviera, domiciliada en El Pireo (Atenas), renunció a la declaración del mecánico del Servicio de Vigilancia Aduanera, Gerardo Javier Iriarte, hecho que no dejó de llamar la atención en la sala y se especuló incluso con la posibilidad de que su testimonio pudiese crear complicaciones añadidas a los letrados Eleuterio Cudeiro y Ricardo Fernández Cid. Este mecánico, que se encuentra procesado, afirmó durante la fase sumaria¡ que los tripulantes de la patrullera Gavilán, habían recibido órdenes de sacar cajas de tabaco del Christina y pasarlas por agua para demostrar a posteriori la correcta aplicación del Convenio de Ginebra. Según ese convenio, un barco puede ser apresado en aguas internacionales cuando se demuestra que hace llegar ilegalmente mercancía a las costas del país aprehensor.
La sorpresa saltó cuando el mecánico rectificó su declaración, afirmando ante la policía que había sido sobornado con 12 millones de pesetas en efectivo y con la promesa de otros 28 millones en caso de que su declaración sirviese para conseguir una sentencia absolutoria. El mecánico aseguró haber devuelto el dinero.
