El Tribunal Constitucional avala por unanimidad la ley del Derecho a la Educación

El Tribunal Constitucional desestimó ayer, por unanimidad, el recurso previo presentado por el Grupo Popular contra la ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de la que sólo declaró inconstitucional un precepto, el que establecía el control por la Administración del ideario de los centros docentes privados. Ante la sentencia del alto tribunal, que significa un aval a la política educativa del Gobierno socialista, el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, ha hecho una oferta de negociación a los sectores afectados, siempre que esta vía no sirva para obstruir la ley.

La LODE, una vez que la Mesa del Congreso elimine de su texto el precepto declarado inconstitucional, será ahora enviada directamente al Boletín Oficial del Estado, según dijo ayer el presidente de la Cámara, con lo que su entrada en vigor es inminente, después de haber estado 16 meses bloqueada por el recurso. Su contenido podrá, así, comenzar a ser aplicado en el próximo curso, aunque su aplicación será compleja por el desarrollo reglamentario y organizativo que ahora es preciso.La sentencia sobre la LODE, de 116 folios de extensión, convalida prácticamente en su integridad la ley y desautoriza, desde una perspectiva constitucional, los argumentos que vienen siendo esgrimidos de forma combinada por los sectores políticos conservadores y las organizaciones confesionales de la enseñanza privada. El Gobierno socialista ve ratificados así sus criterios en materia de subvenciones a los centros privados e intervención de los consejos escolares en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno y máxima autoridad del mismo en ausencia de su presidente, Felipe González, que ayer viajó a Milán para la cumbre de la CEE, dijo que en el Ejecutivo hay una "satisfacción lógica" por este resultado. También la Minoría Catalana, que votó a favor del texto en las Cortes, se mostró ayer satisfecha por la sentencia.

Desde esta satisfacción, la oferta de diálogo del ministro Maravall se interpreta precisamente como una estrategia de aprovechamiento elegante de la victoria obtenida, al tiempo que como un medio de pacificación de un sector muy agitado desde la llegada al poder de los socialistas. En todo caso, Maravall ha advertido que la vía abierta no será una ocasión "para empantanar y obstruir una ley que ha recibido el respaldo constitucional del alto tribunal y que ha tenido siempre en mi opinión el respaldo del pueblo". Tanto el ministro como los portavoces del Grupo Socialista minimizaron el hecho de que se declare inconstitucional el precepto sobre el control del ideario.

En cambio, el Grupo Popular destacó precisamente, como aspecto positivo de la sentencia, el hecho de que no se autorice el control administrativo del ideario. Esta fue la única reacción de la oposición conservadora, que en general mantuvo una actitud de prudente silencio, al igual que hicieron las organizaciones sociales que apoyaban el recurso y las asociaciones confesionales de la enseñanza.

También los obispos, reunidos esta semana en Madrid en la Conferencia Episcopal, declinaron hacer ninguna apreciación hasta hoy. El episcopado se había pronunciado hasta cinco veces sobre la LODE, desde que el Gobierno anunció su intención de presentarla en el Congreso de los Diputados. Todos estos colectivos argumentaron la necesidad de estudiar detenidamente la sentencia.

Las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza protagonizaron numerosas movilizaciones durante todo el tiempo de tramitación parlamentaria de la LODE, que se alargó anormalmente por el agotamiento por parte de la oposición de todos los recursos a su alcance, entre ellos la presentación en el Senado de más de un millar de enmiendas al proyecto.

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