Malestar en el Consejo General de la Abogacía
El contenido del informe remitido por el Tribunal de Cuentas a las Cortes ha provocado un profundo malestar y una seria preocupación en el Consejo General de la Abogacía Española. Fuentes de esta institución consideran que el documento es más un estudio crítico sobre la organización y funcionamiento de los colegios de abogados, que un verdadero informe de fiscalización.Un informe de Fiscalización, según estas fuentes, debería limitarse a comprobar si los servicios para los que son otorgadas las subvenciones se cumplen efectivamente, como asi ocurre, y si el dinero de las mismas llega a los abogados que realizan la asistencia al detenido o el turno de oficio. La organización y funcionamiento de estos servicios es competencia del CGAE y de los distintos colegios de abogados, que son organismos independientes del sector público.
Existe gran preocupación en el CGAE, indican altos responsables del mismo, por la posible reacción negativa de algunos colegios, como el de Granada, que se muestran poco partidarios de seguir desarrollando este servicio desinteresado a la sociedad de la asistencia al detenido y del turno de oficio. Están muy mal remuneradas, dicen, estas asistencias y si encima se producen críticas a como se están efectuando las mismas puede aumentar el número de letrados contrarios a su prestación.
Según estas fuentes, la limitación de los recursos aportados por el Estado y la distinta estructura organizativa de los colegios (difieren mucho en número de miembros y en niveles de actividad), junto a la autonomía de cada uno de ellos, impide el que se establezcan criterios uniformes sobre sistemas de prestación de estas asistencias. A muchos colegios y a muchos letrados les cuesta dinero la prestación de estos servicios, añaden los directivos de la CGAE. "Antonio Pedrol Ríus, presidente del Consejo General de la Abogacía, tuvo que poner dinero de su bolsillo en 1974 ante la insuficiencia de las subvenciones estatales", según estas fuentes. "Y al Colegio de Madrid le cuesta anualmente la prestación de los mismos entre 15 y 20 millones de pesetas adicionales a las subvenciones recibidas". Según el CGAE, en 1983 se prestaron 63.144 asistencias y 112.000 turnos de oficio.
