Almunia justifica ante la OIT la flexibilidad de contratación laboral en España

El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, justificó ayer, ante el Pleno de la 71ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra, la mayor flexibilidad de contratación introducida en España por el Gobierno socialista y la bondad del Acuerdo Económico y Social. La conferencia viene precedida por la actitud de los representantes de los países socialistas, que presentaron una declaración acusando a la OIT de politización y de servir a los intereses del sistema capitalista. Según esta declaración, se prima la participación de los Gobiernos y de las agrupaciones de empleadores, en detrimento de las organizaciones obreras.

Joaquín Almunia, defendió ante el Pleno de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que había que "combatir el derrotismo que se ha apoderado de algunos sectores y que propende a difundir la idea de que el crecimiento económico ha encontrado límites infranqueables". A juicio del ministro español se trata de una falsa aseveración.Almunia, que advirtió que no trataba de "señalar el camino a nadie", explicó las políticas seguidas en nuestro país para acometer los problemas derivados de la crisis económica mundial. Tras referirse a las peculiaridades de la reconversión industrial, el ministro de Trabajo destacó que se habían introducido en nuestro país modificaciones legales que facilitaban la constitución de nuevas empresas, "adaptando las fórmulas tradicionales de contratación laboral. Se trataba", dijo, "de incorporar a la legislación la idea de que la empresa no siempre puede ofrecer estabilidad laboral".

Y abundando en estas tesis, manifestó que con los jóvenes se han seguido filosofías parecidas, aplicando "fórmulas de relación laboral flexible". Estas medidas, según Almunia, "están ofreciendo resultados muy alentadores".

Al hablar de los grandes acuerdos, señaló que la situación obligó a los agentes sociales a reflexionar "sobre la necesidad de contener primero y reducir después las rentas salariales" para impedir desequilibrios inflacionistas. Reflexión que, dijo el ministro, ha culminado en el Acuerdo Económico y Social. Almunia recordó que "la negociación colectiva era el mecanismo más flexible y adaptable para la ordenación del mercado de trabajo y las relaciones laborales".

La intervención de Joaquín Almunia coincide con un fuerte debate interno suscitado en el seno de la OIT. Los países socialistas remitieron, previamente a la celebración de la conferencia, una declaración en la que critican la política seguida por este organismo.

En el texto, que forma un segundo informe complementario del director general, se acusa a la OIT de "servir los intereses de un sólo sistema, el capitalista", y de primar la representación de los gobiernos en detrimento de la de los trabajadores.

Intentos de politización

La declaración subraya que existen intentos de "utilizar la OIT con fines políticos impropios contra países socialistas", discriminándoles e impidiéndoles "su plena participación en las actividades de la OIT". Al mismo tiempo, el documento señala que la organización se ha mostrado indiferente ante el crecimiento del paro. Indiferencia que extiende a la defensa de las libertades sindicales en las empresas multinacionales. "Todo lo que se ha hecho hasta la fecha en estos campos no sirve de nada", dice el documento.La declaración expresa, por otra parte, su oposición a la estructura de la "denominada maquinaria supervisora de la OIT", encargada de supervisar la aplicación de las normas laborales internacionales. Según el documento, los representantes de los países socialistas no son admitidos en estos órganos y ello deriva en que, ante cualquier problema, "se pida a estos países que cambien su sistema social", mientras que las "graves violaciones en países capitalistas son pasadas por alto o justificadas cínicamente". Los países socialistas acusan, además, a la OIT de incrementar cada vez más la asistencia a las organizaciones patronales, y a éstas de impedir sistemáticamente que los directores empresariales de los citados países participen en el consejo de Administración de la organización.

Otra de las acusaciones se refiere al escaso interés demostrado por el organismo internacional en poner en marcha mecanismo de lucha contra el desarme y a favor de la paz.