El responsable del traslado ilegal de 41 bidones de dioxina procedentes de Seveso comparece ante los tribunales

El epílogo de la rocambolesca aventura de los 41 bidones de desechos contaminados con dioxina procedentes de Seveso, cuya búsqueda movilizó hace casi dos años a las autoridades de varios países europeos, comienza hoy en la localidad de St. Quentin, al norte de Francia. Aquí se inicia el juicio contra Bernard Paringaux, gerente de una sociedad especializada en la eliminación de desechos peligrosos, que debe responder a varios cargos, entre ellos, el relativo a la omisión de declarar las características y destino de un cargamento procedente del extranjero.

La desaparición de los 41 barriles de material contaminado con dioxina, procedentes de la zona de la localidad italiana de Seveso donde se produjo en 1976 un importante escape de este producto altamente tóxico, mantuvo en vilo a las autoridades europeas durante casi dos meses en la primavera de 1983, hasta que fueron encontrados en un almacén no abandonado. El inculpado se enfrenta a una pena máxima de dos años de prisión y una fuerte multa solicitados por el fiscal.La responsabilidad moral del productor de los desechos, la sociedad suiza Hoffman-Laroche, propietaria de la fábrica donde se produjo el escape, será seguramente objeto de debate durante el juicio. El 10 de julio de 1976 se produjo en una fábrica de Icmesa, sociedad filial de Hoffman-Laroche, situada en la localidad italiana de Seveso, un escape de dioxina que contaminó una amplia zona y provocó la evacuación de miles de personas y el sacrificio delos animales. Según lo que se ha sabido después, Hoffman-Laroche encargó a Bernard Paringaux la evacuación de la dioxina que quedaba en la fábrica clausurada.

La dioxina, mezclada con otros materiales, y contenida en bidones, pasó la frontera francesa en septiembre de 1982 y desapareció.

La alarma no fue dada hasta el mes de octubre de ese año, y en marzo de 1983 fue detenido Paringaux, que se negó a revelar el destino final de los residuos.

La investigación puso de relieve la existencia de un contrato firmado en Milán entre la sociedad Manessmann Italiana, filial de un grupo de la República Federal de Alemania, y Hoffman Laroche en el que se estipulaba que "ninguna información relativa a la situación del lugar de depósito final podrá ser divulgada".

Se abrió así la búsqueda de los desechos tóxicos por toda Europa. Se pensaba que pudieran estar en alguna de las dos Alemanias, en Bélgica, Suiza, Francia o el Reino Unido. Se habló incluso de que pudieran estar en la Unión, Soviética. Las organizaciones europeas se movilizaron y en la RFA el tema se convirtió en cuestión de Estado. En Francia, el presidente Mitterrand calificó de "inadmisible" el asunto.