Los trabajadores de Transportes Urbanos de Valencia deciden hoy sobre su municipalización

Los 1.147 trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral de Transportes Urbanos de Valencia (SALTUV) decidirán hoy, al término de la junta general de accionistas que se inició ayer, sobre la posible disolución de la empresa de cara a la municipalización del servicio que propugna el Ayuntamiento de la ciudad.

La asamblea y la consiguiente decisión se producen en un momento de fuerte conflictividad interna, tras la firma del convenio, a principios del pasado mes de mayo, después de cuatro días de huelga en los que no se respetó el decreto de servicios mínimos fijado por la Generalitat valenciana, y con una parte de los trabajadores que cuestiona la actual dirección de la empresa, apoyada por el Ayuntamiento.La corporación municipal, ante las fuertes pérdidas experimentadas por la sociedad durante los últimos 13 años, que han tenido que ser enjugadas con caudales del Ayuntamiento, decidió el 12 de julio del año pasado iniciar los trámites para la municipalización de la empresa, que está previsto que se convierta en sociedad privada municipal.

El acuerdo de iniciar los trámites para ello, adoptado en una sesión plenaria el 12 de julio de 1984, fue cuestionado por el Grupo Popular y aprobado con los votos favorables de socialistas y comunistas. La mayoría socialista: en el Ayuntamiento ha advertido que, en caso de ser modificada la actual dirección de SALTUV, no se mantendrán los compromisos de conservar con la municipalización los puestos de trabajo actuales y asumir la deuda de la sociedad.

Mientras socialistas y comunistas piensan que la municipalización del servicio es absolutamente necesaria, fórmula aplicada hace decenios en Madrid y Barcelona, tanto el Grupo Popular como el Mixto, integrado por antiguos miembros de aquél, mantienen serias reservas.

El portavoz del Grupo Popular, Martín Quirós, manifestó ayer a este periódico que la gerencia de la empresa debería dimitir y que se debería tener en cuenta cualquier oferta solvente de la iniciativa privada que se comprometa a mantener los puestos de trabajo y a asumír la deuda.Si no se produce una oferta de este tipo, el Grupo Popular no se opone a la municipalización, pero, a su juicio, siempre que se elabore una política global de transportes para Valencia que en este momento no existe. Por su parte, el Grupo Mixto, integrado por tres concejales que pertenecieron al Popular, ha asegurado estar estudiando la posibilidad de solicitar una consulta dentro del término municipal para que la población se pronuncie al respecto.

Estima que se podría llevar a cabo al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la ley de Bases de Régimen Local, para lo que sería necesario un acuerdo en tal sentido por mayoría del pleno municipal y la autorización del Gobierno central.

Es muy improbable que ambas circunstancias se produzcan, ya que los socialistas están decididos a la municipalización y no piensan que sea necesario el referéndum para ello.