La oposición pide en el Congreso la retirada de la ley de Sanidad

La reforma sanitaria española comenzó ayer su andadura en el Congreso de los Diputados con la defensa de la ley de Sanidad a cargo del ministro del ramo, Ernest Lluch. Todos los grupos de la oposición parlamentaria, salvo el centrista, pidieron la devolución del texto al Gobierno.

La oposición estima que esta ley perpetúa el actual sistema de financiación, a cargo de empresarios y trabajadores; que la libre elección de médico no se concreta, y que las comunidades autónomas verán perjudicadas sus competencias en esta materia. Todos los grupos reprocharon al ministro que los dos años y medio de transacciones con los interlocutores de la Sanidad no hayan servido, a su entender, para nada. El diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, describió la situación de la siguiente forma: "Han transaccionado con los poderes fácticos de la medicina para al final concluir en un pacto imposible".La presencia en el Congreso del presidente de la Organización Médica Colegial, Ramiro Rivera, junto a otros tres representantes de los colegios médicos, fue acogida con malestar por la dirección del Grupo Socialista. Rivera aculó ayer a la Cámara baja para agradecer al presidente de AP, Manuel Fraga, las enmiendas de su grupo que considera coincidentes con las aspiraciones de los médicos a los que representa.

El ministro de Sanidad, Ernest Lluch, rechazó las peticiones de devolución del proyecto y afirmó que su pretensión había sido la de "no crear tensiones entre el sector sanitario". Reconoció, no obstante, que en la ley, "aunque río es de todos, sí se ha tenido en cuenta la opinión de todos". Lluch apuntó que entre las dos opciones posibles en Sanidad, la de un sistema nacional de salud y uno liberal o privatizador, se había escogido el primero en razón de una mayor eficacia sanitaria.

"Miedo ha existido en el Gobierno a la libertad" afirmó el diputado del Grupo Popular José Manuel Romay, que acusó al Ejecutivo de ensanchar más el sector público y poner trabas a la iniciativa privada. En total sintonía con estas apreciaciones se mostró el doctor Ramiro Rivera después de entrevistarse con Fraga y pasar a la tribuna del público para asistir al debate. "Se obliga a 2,5 millones de personas a entrar en la Seguridad Social, lo que atenta a la libertad", dijo Rivera al referirse a los funcionarios y a los miembros de las Fuerzas Armadas.

El diputado de Minoría Catalana Joaquim Molins echó en falta la nacionalización del sistema de financiación y el carácter universal de la Sanidad para todos los españoles.