Los mineros de Laciana no quieren ver el cielo

Una sección de la compañía de la Guardia Civil de Villablino, alrededor de 40 números según el Gobierno Civil y unos 100 según testigos presenciales, procedieron a primera hora de la mañana de ayer al desalojo de media docena de personas situadas en el pueito de Leitariegos, quienes permanecian a manera de retén, en turnos variables, desde el pasado 25 de abril en el lugar para impedir el inicio de la explotación a cielo abierto de hulla de MSP.Según tales testigos, las fuerzas del orden público rodearon la zona conminando de forma pacífica a los huelguistas -entre los que no se encontraba el alcalde comunista de la localidad, Eliecer Rodríguez Barrero- al abandono de su postura. Durante la mañana de ayer la Guardía Civil efectuó en las inmediaciones del monte de Leitariegos un control riguroso de los vehículos que accedían y regresaban de la zona. Este suceso tiene lugar después de que el pasado viernes se hiciera público el nuevo fallo, favorable a la empresa minera, de la Audiencia Territorial de Valladolid, en respuesta a un recurso de apelación presentado por Rodríguez Barrero.

Peligran los puestos de trabajo

Por otra parte, los 50 trabajadores de Percasa -empresa concesionaria del destierre de la explotación minera- que iniciaron el pasado viernes un encierro en las dependencias del Ayuntamiento de Villablino, en demanda del sueldo adeudado por la empresa durante un mes, se vieron sorprendidos ante la noticia de que varias de sus mujeres habían comenzado igualmente otra reclusión similar en los locales que Percasa posee en Ponferrada, como medida de apoyo a las peticiones formuladas por sus maridos. Éstas, unas 20, abandonaron su posición tras conseguir de la sociedad la promesa de una pronta solución económica al problema.Rodríguez Barrero convocó para última hora de la tarde de ayer un mitin en donde se pidió a la población del valle el apoyo a una convocatoria de huelga general, solicitada por los grupos sociales contrarios a las explotaciones a cielo abierto.

La extracción del mineral en yacimientos exteriores supondría una merma importante en los puestos mineros de la zona, del que viven en el noroeste de León cerca de 9.000 familias. La historia del valle pasa por una empresa minera afincada en la zona en los años veinte, la Minero Siderúrgica de Ponferrada, que hoy, con cerca de 4.000 trabajadores, atraviesa una difícil situación económica con deudas tributarias a la Seguridad Social y a proveedores superiores a los 6.000 millones de pesetas. A pesar de facturar anualmente 12.000 millones de pesetas, sus gastos superan los ingresos. El 39% de la plantilla adscrita a los centros de producción supera los 55 años de edad y el proceso de mecanización de los grupos mineros aún está sin concluir.

El reciente plan de viabilidad elaborado por la sociedad, en el que se incluye una regulación de empleo que afecta a 537 trabajadores, ha sido rechazado por las centrales sindicales mayoritarias (CC OO y UGT) y los bancos soporte de la sociedad minera, Santander, Pastor y Central, parecen olvidar su participación en el reflotamiento de la misma. Toda esta situación fundamenta, según MSP, la necesidad de la explotación a cielo abierto en los montes de Leitariegos; una explotación que cuenta con los parabienes del Ministerio de Industria y Energía y el Instituto de Conservación de la Naturaleza (Icona), de la que se pueden extraer 1.000 toneladas diarias de hulla con apenas una docena de hombres, con unos ingresos mensuales cercanos a los 170 millones de pesetas, justo lo que asegura la empresa haber perdido desde la paralización del yacimiento a causa del decreto municipal dictado por el alcalde comunista de Villablino, Eliecer Rodríguez Barrero, apoyado en el artículo 174 de la ley del Suelo.

Gana la empresa

El recurso interpuesto por la sociedad minera ante la Audiencia Territorial de Valladolid dio la razón, en un auto provisional dictado el pasado día 24, a la empresa extractora de mineral, previa caución de dos millones de pesetas, dejando sin efecto el decreto de la alcaldía. La ausencia de diálogo entre las partes en litigio y la imposibilidad de ejecutar el auto judicial de manera pacífica, debido a la oposición de una gran mayona de los afectados -en los que se incluyen, además de trabajadores mineros, ganaderos, grupos ecologistas y vecinos de las localidades cercanas- pone en una difícil situación al Gobierno Civil de León.Tras autorizar éste el desalojo por la Guardia Civil de 22 mujeres que permanecían encerradas en el edificio propiedad de MSP en Villablino, con métodos calificados por Rodríguez Barrero de "propios de la época fascista", la corporación, de mayoría comunista, sin el apoyo del PSOE y del Grupo Popular, pidió el cese inmediato del titular del Gobierno Civil, Antonio Hernández, y del capitán del puesto, Julio Rodríguez, por la "brutal violencia" de la actuación del orden público. El episodio se saldó con contusiones y hematomas de distinta gravedad en siete mujeres, una de ellas embarazada de dos meses, y sus correspondientes denuncias judiciales.