El verdadero archivo policial sobre partidos se encuentra en la Comisaría General de Informacion

Todos los miembros de la Brigada de Interior están siendo interrogados sobre el escándalo del espionaje a partidos, que ha puesto de manifiesto no sólo la existencia de prácticas policiales nada acordes con la democracia, sino también la existencia de querellas internas y la falta de un control gubernamental eficaz. Por otro lado, mientras que el CESID (inteligencia militar) tiene acceso a la información policial, no ocurre lo mismo en sentido contrario. Entre tanto, la Presidencia del Gobierno ha puesto en marcha su propio servicio de información.

FERNANDO ORGAMBIDES Los principales informes o notas sobre partidos políticos, organizaciones sociales y particulares elaborados por la Brigada de Interior desde que fue aprobada la Constitución en España figuran en los archivos centrales de la Comisaría General de Información, bajo custodia de su secretario general, el comisario Antonio Piqueras. La Brigada de Interior ha venido remitiendo a Piqueras todas aquellas notas informativas, elaboradas por sus inspectores, que el mando ha calificado de "interesantes", según fuentes solventes.

Piqueras, de 53 años, es uno de los pocos altos cargos policiales que escaparon de los relevos que en el mando policial realizaron los socialistas al llegar al Gobierno que supusieron, entre otros, la sustitución de Manuel Ballesteros por Jesús Martínez Torres al frente de la Comisaría General de Información. Desde su oficina en la Puerta del Sol, muy próxima al despacho de Martínez Torres, Piqueras ha venido recibiendo, evaluando y registrando toda la información enviada en los últimos años por la Brigada de Interior, no sólo con su actual comisario jefe, Alberto Elías, sino también con sus antecesores, Mariano Baniandrés y Sebastián Fernández Dopico.

Las, fuentes consultadas indicaron que "el verdadero archivo donde existe constancia del control policial a que han sido sometidos partidos, organizaciones y particulares en la España democrática no está en la Brigada de Interior, donde sí puede haber algunas copias y legajos recientes, sino en poder de Piqueras".

Esta información es utilizada generalmente para conocimiento del comisario general o como base documental para la elaboración de informes, esto último siempre a solicitud de brigadas o unidades que necesitan conocer datos para emprender algún servicio. Piqueras, uno de los pocos miembros de la Comisaría General de Información que domina idiomas, lo que le garantiza cierta continuidad en el cargo -en la unidad se reciben numerosos documentos de países extranjeros-, es asimismo responsable del Gabinete de Estudios, el departamento encargado de elaborar los informes.

Curiosamente, la Dirección General de la Policía, una vez revelado por EL PAÍS el escándalo del espionaje a Alianza Popular, encomendó al propio Piqueras que realizara una investigación sobre el origen de la aparición de la informacíón en la Prensa, aunque recientemente parece ser que se ha encargado del caso otro instruc tor. De momento han sido interrogados todos los miembros de la Brigada de Información Interior y también su antiguo jefe, el subcomisario Baniandrés, al que recientemente se le sometió a un largo interrogatorio sobre sus relaciones con los medios de comunicación.

La obsesión de la Dirección General de la Policía actualmente es tratar de demostrar a Barrionuevo, con datos y no de palabra, que el espionaje a que ha sido sometida AP y otras organizaciones, así como las diversas notas informativas en poder de varios medios de comunicación, son falsos. Hasta el momento, tanto Rafael del Río, director general de la Policía, como Martínez Torres han informado a sus superiores políticos que "el culpable de todo es Baniandrés", según las fuentes consultadas, cuando en realidad este subcomisarío hace ya dos años que dejó la brigada, y, en concreto, el caso que se cuestiona y las notas informativas reproducidas en la Prensa, son posteriores a su etapa.

Culpar a Baniandrés

El intento no demostrado de inculpar a Baniandrés quedó ya confirmado el pasado 22 de mayo en el Congreso de los Diputados cuando el jefe de la oposición conservadora reveló una conversación telefónica que sostuvo Barrionuevo el sábado 11 de mayo con dos responsables de AP, en víspera de la primera publicación en EL PAÍS del caso. Barrionuevo, al que se había dirigido EL PAÍS ese mismo día 11 para tratar de contrastar la información, llamó con posterioridad a dos responsables de AP para, entre otras cuestiones, informarle de la inmediata aparición de la investigación periodístico y culpar a Baniandrés de ello.

El propio Diario de Sesiones del Congreso, en su número 209 y en su página 9.584, recoge la revelación hecha por Fraga ante el Parlamento, que no ha sido desmentida por Barrionuevo. Baniandrés estudia la posibilidad de acudir a los tribunales y aún no ha decidido si va a presentar una querella penal o una demanda civil de protección al honor. Caso de que opte por esta vía, Barrionuevo tendrá que demostrar lo que afirmó a los responsables de AP (Carlos Robles Piquer era uno de ellos).

Los escándalos y las irregularidades en la Brigada de Interior, no sólo con Alberto Elías, sino también con el propio Baniandrés o con su antecesor en el cargo, Sebastián Fernández Dopico, han sido constantes y han puesto en evidencia el trabajo de los policías y la confianza que ha depositado el

ando en los tres últimos jefes. "Las guerras primero de Baniandrés contra Fernández Dopico y ahora contra Baniandrés son igualmente vergonzosas", afirma un destacado comisario.

Con Baniandrés al frente de la brigada saltó a relucir el robo de expedientes e informes de la brigada, atribuido a Sebastián Fernández Dopico y a José Luis Rodríguez Zarco, parte del cual fue devuelto meses después. Después de ser destituido Baniandrés, y cuando ya se encontraba Alberto Elías en la brigada, se le ocupó al inspector Juan José Medina, protegido de Baniandrés y precisamente el que descubrió el robo de expedientes de la brigada, una serie de documentos en su domicilio de un pueblo de Ciudad Real. Después se conoció su implicación en una estafa relacionada con Rumasa.

Pero todo ello no queda ahí: últimamente ha sido procesado Elías por presunto engaño al juez, al haber solicitado realizar al matrimonio Sabater-Miarnau una escucha telefónica para un supuesto asunto de armas, Cuando en realidad lo que se investigaba era Rumasa. También en fecha muy cercana a este anterior escándalo se ha sabido la existencia de espionaje político de AP y otras organizaciones, que Barrionuevo desmiente y dice que se trata de un montaje, pero sin aportar pruebas.

Precisamente es ésta la postura oficial mantenida por el Gobierno. Sin embargo, el juez José María Vázquez Honrubia, que instruye la querella presentada por AP, ya tiene en su poder desde el pasado día 27 de mayo 180 informes de la Brigada de Interior sobre actividades internas de AP. El PCE también ha denunciado públicamente haber sido espiado.

Si Fernández Dopico y Rodríguez Zarco se apropiaron de los informes de la Brigada de Interior para que no los vieran los socialistas cuando se hicieron cargo del Gobierno, con Baniandrés al frente de la brigada se espió, desde un apolo (automóvil camuflado), al teniente coronel Guillermo Ostos, entonces jefe de Operaciones Especiales de la Dirección General del Estado y cargo nombrado con la confianza de Barrionuevo. Ahora, con Alberto Elías, se ha espiado a AP, al PSOE y al presidente de la comunidad autónoma de Madrid, Joaquín Leguina.