Rechazada una impugnación del juicio a las Juntas argentinas

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires rechazó el lunes la impugnación del juicio a las primeras tres Juntas militares formulada por el defensor del ex presidente Roberto Viola. El letrado José María Orgueira, el más conflictivo del proceso, solicitó la suspensión del juicio por presuntas irregularidades cometidas por el fiscal Julio César Strassera, que había entrevistado previamente a sus testigos. A tenor de Orgueira, éstos testificaron inducidos por la fiscalía.

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires -que fue ovacionada por el público y éste a su vez recriminado por los camaristas- calificó de "insólita" la argumentación y la rechazó de plano."No se explica", aducen los jueces, "cómo habría el fiscal de cumplir con la carga legal de probar, si ella la llevara a cabo a ciegas, sin conocer siquiera el grado de pertinencia de tal o cual testimonio y más aún cuál es la realidad de los hechos sobre los que apoyará su pretensión en el juicio. (...) En naciones donde el sistema acusatorio en causas criminales tiene arraigada tradición y uniforme vigencia como Estados Unidos, la entrevista previa a los testigos es considerada un obvio deber de las partes".

Testimonio de periodistas

En la vista del pasado lunes destacaron los testimonios de dos conocidos periodistas porteños: Máximo Gaínza, director de La Prensa, y Mariano Grondona.La Prensa, el gran diario liberal argentino enfrentado al primer peronismo, se encuentra actualmente al borde del cierre ante la caída vertical de su número de lectores y anunciantes. Opuesto igualmente al Gobierno radical, el periódico permanece refugiado en un ultraconservadurismo nihilista.

Máxlimo Gaínza testificó que el comienzo de la dictadura militar contó con el beneplácito de un enorme sector de la población argentina y expresó su sorpresa ante la cantidad de gente que hoy dice no saber nada de lo que estaba pasando (por los desaparecidos); "será porque no quisieron verlo".

El director de La Prensa reveló que el diario recibió fuertes presiones para dejar de publicar información sobre personas desaparecidas, boicoteos publicitarios y órdenes directas de autoridades militares.