La justicia francesa sabe que la munición utilizada en atentados contra 'etarras' es de fabricación española

La justicia francesa del departamento de los Pirineos Atlánticos, que instruye sumarios por los atentados perpetrados contra etarras y refugiados vascos en el sur de Francia desde 1976 hasta ahora, tiene constancia de que la munición utilizada en el asesinato de Justo Elizarán el 13 de septiembre de 1979 y las intervenidas a los supuestos autores del atentado que costó a la vida al histórico de ETA Tomás Pérez Revilla el 15 de junio de 1984 pertenecen a una misma partida o son lotes consecutivos fabricados en la Empresa Nacional Santa Bárbara, de Toledo.

La Corte de Apelación de Pau afirma en el documento oficial de 1 de octubre de 1980 sobre el caso Elizarán que, "como en precedentes atentados, los casquillos [la munición] encontrados son de fabricación militar española. Seis de ellos eran de nueve milímetros corto y otro del nueve largo". Éste es uno los principales. datos investigados por la justicia francesa en la denominada guerra sucia contra ETA.El director comercial de la Empresa Nacional Santa Bárbara, cuya identidad quiere que permanezca reservada, informó a este periódico que, efectivamente, la sucursal de Toledo fabrica munición de nueve milímetros para armas cortas. Asimismo, dijo desconocer estos extremos de los que tiene constancia la justicia francesa, puesto que tal munición se vende en grandes cantidades y puede ser adquirida por particulares con la correspondiente licencia. La Empresa Nacional Santa Bárbara, de Industrias Militares, SA, fabrica tres tipos de cartuchería de nueve milímetros y "sería innumerable la relación de armas que utilizan ¡á munición de nueve milímetros", según datos de la propia fábrica. Esta munición se usa para pistolas automáticas y subfusiles.

Las fábricas militares de armas pasaron a formar parte de la Empresa Nacional Santa Bárbara, dependiente del Instituo Nacional de Industria, en 1960, aunque la mayoría de sus puestos directivos siguen en manos de militares.

Por los asesinatos de Justo Elizarán y Tomás Pérez Revilla, la justicia francesa condenó en el primer caso a Marc Obadía, Jean Claude Ruiz, Máxime Szonek, Henry Berges, Jacques Debesa, y por el segundo, a Jean Pierre Bounin, Jean Philippe Labade, Patrick de Carvalho y Roland Sanpietro. De ellos, sólo se encuentran en prisión los dos últimos, puesto que los restantes fueron puestos en libertad por "irregularidades en el sumario", en su mayoría ordenadas por el juez Svahn, de la Corte de Apelación de Pau. Esta decisión sorprendió en gran manera al juez de Bayona, Gilbert Cousteaux, que dirige la mayoría de los procesos por atentados contra etarras y refugiados vascos en el sur de Francia.

Fuentes judiciales francesas consultadas por este periódico en Bayona están. convencidas de que el Batallón Vasco Español (BVE) y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) son el mismo grupo que actúa en el sur de Francia con los mismos objetivos y la misma financiación desde hace años. Tal convencimiento se reafirma porque muchos de los implicados en atentados del BVE pertenecen ahora a los GAL, como es el caso, por ejemplo, de Mohamed Khiar, hombre del grurpo de Jean Pierre Chérid, implicado en numerosos atentados en el sur de Francia en ambas épocas.

El juez de Bayona, Gilbert Cousteaux, el máximo experto en la denominada guerra sucia a ETA, no quiere hacer declaraciones sobre el caso, aunque no puede ocultar su satisfacción por la condena al ex comisario general de Información Manuel Ballesteros por negarse a facilitar los nombres de los tres colaboradores que cruzaron la frontera después del ametrallamiento del bar Hendayais, donde murieron tres personas, dos de ellas instantáneamente.

Reticencias

Sobre si existen pruebas que relacionen a los GAL con servicios españoles, el juez Cousteaux mira fijo y tenso al periodista, esboza una tímida sonrisa y responde: "No". La justicia francesa del departamento de los Pirineos atlánticos no confía en la policía española y mantiene sus reticencias con los jueces españoles, según fuentes de la propia administración judical francesa. Recientemente, jueces de Bayona y de la Corte de Pau se reunieron para decidir si contestaban a la comisión rogatoria solicitada en el caso Brouard por la cual se piden a Francia numerosos datos sobre los GAL. Durante la reunión se trató fundamentalmente la sospecha de que tal solicitud sólo pretendiera averiguar qué pruebas y datos tiene la justicia francesa sobre los grupos anti-ETA, cuya financiación aún no está demostrada. Finalmente se decidió responder, a la comisión rogatoria, puesto que alguien informó que tal información no iba a tener ese destinoEl juez Fau, también de Bayona y quien durante un tiempo investigó la guerra sucia, tuvo conocimiento de que dos pistolas Smith and Wedson intervenidas a principios de 1980 en San Juan de Luz a André Pervins, mercenario anti-ETA fallecido en 1982, fueron compradas por miembros de las fuerzas de seguridad españolas en una fábrica de Houston (Estados Unidos). Las autoridades españolas respondieron en aquel caso que, efectivamente, habían comprado esas armas, pero que fueron robadas de un coche policial y no volvieron a saber de su paradero.