Felipe González pedirá formalmente a los ayuntamientos que faciliten las iniciativas empresariales

El presidente del Gobierno, Felipe González, se dirigirá formalmente a los ayuntamientos para pedirles que faciliten la actividad económica. Les dirá que la prioridad en la creación de empleo debe anteponerse a los criterios urbanísticos o de otro género. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia prepara una instrucción para solicitar a los registradores de la propiedad que agilicen los trámites destinados a la puesta en marcha de empresas. Las dos medidas han sido propiciadas por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, quien probablemente dará cuenta de ellas mañana al reunirse con la asamblea general de la CEOE, organización que ha reclamado actuaciones similares durante los últimos años.

La necesidad de que el Ministerio de Justicia curse instrucciones a los registradores de la propiedad ha sido recomendada en el Consejo de Ministros, como desarrollo del paquete de medidas urgentes de política económica estudiado hace un mes. El Gobierno ha discutido con este motivo la posibilidad de crear un estatuto simplificado de la empresa, sobre todo con vistas a la puesta en marcha de las pequeñas y medianas sociedades, según fuentes informadas. Pero esta opción, al igual que la de bajar los aranceles cobrados por los notarios, ha sido descartada en favor de la primera.A la idea de crear dicho estatuto simplificado, lanzada por el Ministerio de Economía y Hacienda a raíz de las críticas empresariales sobre la elevada burocracia y el intervencionismo administrativo, el Ministerio de Justicia contestó que la redacción de los estatutos de una sociedad es cuestión de horas para cualquier notario. Igualmente, ante la sugerencia de bajar los aranceles de los notarios, el Gobierno ha estimado que quizá la medida provocaría un efecto contrario a la pretendida agilidad en la creación de empresas.

Por ello, el Consejo de Ministros ha preferido actuar sobre los registradores de la propiedad, bajo la opinión de que también frenan la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. No obstante, como el problema de los registros radica en que la mayor parte de ellos ni siquiera están mecanizados, el Gobierno no ha encontrado otro instrumento que la persuasión moral.

Y de ahí que haya elegido como fórmula las instrucciones del Ministerio de Justicia.

Licencias municipales

También la petición formal que prepara el presidente del Gobierno para los ayuntamientos se derivará del paquete gubernamental. Aunque todavía no se ha precisado cómo la instrumentará, su objetivo será poner de manifiesto, sin interferir en la autonomía municipal, que en estos momentos la prioridad del empleo debe primar sobre las consideraciones urbanísticas, estéticas o de otro tipo.

El problema, reiteradamente denunciado por la CEOE, se centra en que los ayuntamientos tardan meses o años en facilitar las licencias de construcción o de apertura. En muchos casos la demora viene provocada porque para aprobar planes parciales deben estar antes aprobados los generales. En opinión de Miguel Boyer, los atropellos urbanísticos y las excesivas facilidades concedidas durante el franquismo se han trocado pendularmente en impedimentos que, si bien justificados por otros motivos, perjudican en la actualidad la creación de empleo. Estos argumentos han sido compartidos por el presidende del Gobierno, Felipe González, que basará en ellos su recomendación a los ayuntamientos.

Boyer, con la CEOE

Ambas medidas han trascendido días antes de la cita prevista para, mañana martes entre el ministro de Economía y Hacienda y la asamblea general de la CEOE. La sesión forma parte de una ronda de contactos llevados a cabo por el superministro para explicar la política económica del Gobierno y el último paquete de medidas para liberalizar la economía y animar el consumo, la inversión y el empleo.

El ministro ha estado antes, con el Círculo de Empresarios y con la Asociación de Jóvenes Empresarios, ante quienes ha expresado la necesidad de continuar el ajuste y la moderación salarial durante lo que resta de década, así como la compatibilidad entre el Gobierno socialista y el desarrollo del espíritu de empresa.

Las críticas más amplias contra las últimas medidas, en el sentido de que resultarán, insuficientes y deberían haber sido tomadas antes, han procedido o han sido inspiradas por la CEOE. Además, durante los últimos años la patronal se ha quejado del excesivo intervencionismo, tanto de la Administración central como de las otras.