El PSOE rechaza la propuesta de paralizar la ley del Poder Judicial en el Senado

El Grupo Parlamentario Popular del Senado defendió ayer, ante la Comisión de Justicia de esta cámara, que, por razones "éticas", se paralizara la tramitación del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva sobre el conflicto planteado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante la negativa socialista a suspender el estudio del proyecto de ley, los diputados del Grupo Popular, excepto su portavoz, José María Lafuente, abandonaron la comisión.

Al comienzo de la sesión el senador Lafuente puso de manifiesto, en nombre de su grupo, Ias circunstancias insólitas que se observan, en la tramitación en el Senado de la LOPY. Señaló que al estar pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias entablado por el CGPJ contra el poder legislativo, crea una situación peculiar "que éticamente", dijo, "debiera paralizar el trámite de la ley". Lafuente añadió que la LOPJ, de vital importancia para el funcionamiento democrático, "va a ser la primera que no permite la interposición contra ella de un recurso previo de inconstitucionalidad".Como consecuencia de estos hechos, el Grupo Parlamentario Popular decidió "no entrar en el juego" de lo que podría interpretarse, según dijo Lafuente, como "un debate condicionado o con aire de represalia". El senador pidió al presidente de la comisión autori zación para retirarse siempre que diera por reservada la defensa de todas y cada una de las enmiendas en el pleno.

Tras un breve descanso, el presidente de la comisión, el socialista Mario García-Oliva, expresó el parecer de la Mesa de no entrar en la consideración de la petición realizada ya que, dijo, "la interposición de un conflicto constitucional no suspende la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley".

Un precedente similar

Respecto a las enmiendas recordo que si durante el estudio de las mismas no se encontraba presente su proponente o su sustituto, quedarían decaídas. Ante esta respuesta, los senadores populares abandonaron la sala, con la excepción de su portavoz. Esta actitud es igual a la adoptada en la Comisión de Justicia del Congreso cuando se introdujo en el proyecto la elección parlamentaria de los 20 consejeros del Poder Judicial.

Los senadores del Grupo Popular se negaron a ampliar a los informadores las razones de su decisión. Su portavoz ante la Cámara, Juan de Arespacochaga, se remitió a la propuesta realizada minutos antes en la Comisión y consideró una "formalidad secundaria" que se hubiera dado por planteado un conflicto antes de su presentación formal ante el Tribunal Constitucional. Por cierto, que la presentación, que estaba prevista para primera hora de la tarde de ayer, hubo de aplazarse hasta hoy, por encontrarse cerrado el registro del Alto Tribunal. Preguntado sobre la norma invocada para fundamentar la petición de su grupo, Arespacochaga insistió en que la suspensión de la tramitación de la ley se pedía "por ética".

En los pasillos del Senado, el presidente de la Cámara, el socialista José Federico de Carvajal, manifestó que la actitud del presidente de la Comisión había sido la correcta, ya que la Constitución impone dos meses para el estudio de los proyectos de ley y si se paralizara su tramitación "se violaría la Constitución y el reglamento de la Cámara". Con un punto de ironía, agregó: "violar la Constitución por ética no parece procesalmente oportuno". Por su parte, el portavoz socialista Juan José Laborda, criticó la actitud del Grupo Popular "que tiene tan poca confianza en su capacidad de persuasión", dijo, "que prefiere salirse del debate". Negó que esta actitud vaya a tener ninguna utilidad política, ya que incluso "servirá para acelerar los debates". Recordó que el PSOE nunca se retiró de una comisión ni hizo uso del recurso pre vio desde la oposición.

La Comisión de Justicia del Senado dictaminó gran parte del proyecto de LOPJ, y probablemente concluirá hoy sus trabajos. Además del rechazo de las propuestas de veto -equivalentes a enmiendas a la totalidad-, también fue votada en contra una enmienda del senador catalán Josep Pi-Suñer, en relación con el punto más conflictivo del proyecto de ley: la elección parlamentaria de los 20 vocales del CGJP. Pi-Suñer ofreció una solución arbitral, mediante la cual Las Cortes elegirían ocho vocales, mientras que el órgano de gobierno del Poder Judicial elegiría seis vocales entre jueces y magistrados, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas elegirían los seis vocales restantes de procedencia judicial.