Parlamentarios socialistas tendrán que manifestarse contra la reforma de pensiones
Al menos 14 parlamentarios socialistas tendrán que organizar, como responsables al máximo nivel de UGT, movilizaciones y manifestaciones contra la reforma de las pensiones. Se trata en su mayoría de secretarios generales y miembros de ejecutiva de los sindicatos de UGT, a los que obliga la resolución del último comité confederal, que aprobó la realización de acciones de protesta contra el proyecto del Gobierno. Las resoluciones de este órgano tienen únicamente por encima en rango las de los congresos confederales, y vinculan a todos los militantes. Nicolás Redondo, secretario general de UGT, comienza a perder apoyos en la ejecutiva y a ganarlos en las bases.
Según fuentes del propio sindicato, los parlamentarios socialistas con responsabilidad en el sindicato tendrán que decidir entre la disciplina del partido, votando a favor del proyecto de ley, o la de la central, retirando su apoyo a la misma. Aunque vinculados a UGT pueden encontrarse unos cuarenta diputados y senadores, el número de parlamentarios que, además, son secretarios generales en la organización, es más reducido y su contradicción es mucho más evidente.
"Desvergüenza sindical"
En este último caso la resolución del comité confederal de la central socialista les obliga a organizar manifestaciones y protestas contra la reforma de pensiones. Justo Fernández, secretario general de banca, que comparte la opinión de otros dirigentes, señalaba ayer que "lo lógico es que dimitan de un sitio o de otro. Votar a favor de la ley y participar en manifestaciones contra ella, sería una auténtica desvergüenza sindical". A juicio de Justo Fernández, si no participan en las acciones de protesta, "dañarían gravemente la imagen del sindicato, lo que por sí mismo está considerado como motivo de sanción".En círculos sindicales se destacaba ayer que no dejaba de ser desmoralizador que haya sido Antonio Rosa, secretario general de UGT de Badajoz -al que ayer se intentó convencer sin éxito para que no renunciara a su escaño- el único capaz de "dejar 250.000 pesetas al mes de sueldo y enfrentarse a un futuro político muy incierto". No obstante, según han comentado estas mismas fuentes, hay al menos otros dos parlamentarios dispuestos a romper la disciplina de voto y que de momento permanecen en silencio por las fuertes presiones del PSOE.
A este respecto, la UGT de Málaga aclaraba ayer que, contra lo que se ha informado, el secretario general de esta - unión provincial no es el senador Ramón Bernal, -que es secretario general, pero del PSOE malagueño-, sino Francisco Valenzuela. Precisamente en Málaga es en los pocos lugares donde la manifestación del día 4 se hará conjuntamente con CC OO.
Paralelamente, empieza a detectarse una cierta clarificación en los apoyos con los que cuenta Nicolás Redondo. No más de cuatro miembros de la ejecutiva están sin reservas con su secretario general. El resto, aunque no ha hecho pública su actitud, mantiene una postura vacilante, con la excepción de Juan Mazarrasa que hasta ahora ha sido el único que se, ha mostrado Sin ambages a favor de las tesis del dimitido José Luis Corcuera. Por federaciones, banca y construcción apoyan claramente a Redondo. En otras, las posiciones están más confusas, aunque en las bases prevalece el alineamiento con Nicolás Redondo.
El Grupo Socialista presentará enmiendas referidas a la pensión asistencial, que en el proyecto se incrementa en 1.000 pesetas, y que posiblemente llegue hasta un aumento de 4.000 pesetas, lo que supone un coste anual de 20.000 millones de pesetas. Y el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social y enmendará 20 apartados del articulado de la ley, según indicó ayer en una conferencia de prensa celebrada en San Sebastián, informa José Luis Barbería desde San Sebastián. Euskadiko Ezkerra ha decidido igualmente impulsar la huelga general en Euskadi convocada por las centrales sindicales para el próximo 20 de junio.
También el Grupo Popular también presentará una enmienda a la totalidad, pidiendo la devolución del proyecto.
La oposición frontal de este partido está fundamentada en la consideración dé que el proyecto de ley no contempla una verdadera reforma, recorta las prestaciones sociales y ha sido elaborado al margen de las centrales.
