'Antecedentes políticos' de Enrique Curiel

Enrique Curiel, vicesecretario general del PCE, fue retenido durante 45 minutos en la comisaría del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 19 de marzo de 1984, a las tres de la tarde, cuando regresaba a Madrid desde Ginebra. Su nombre figuraba entre las personas con antecedentes políticos en el ordenador del Ministerio del Interior.Esta relación con nombres de políticos antifranquistas procedía del Gabinete Central de Identificación y fue introducida en el ordenador al margen de los datos, ya actualizados, que entre 1979 y 1980 fueron trasvasados desde el Archivo Central de la Dirección General de Seguridad a los nuevos ordenadores. Estos últimos datos no incluían los antecedentes por delitos políticos, suprimidos tras la ley de Amnistía de octubre de 1977, que establece la eliminación de antecedentes penales y notas desfavorables en los expedientes personales, es decir, los antecedentes policiales.

Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior en la época que siguió a la promulgación de la ley de Amnistía, declaró que cuando él abandonó el ministerio, en abril de 1979, aún no se habían programado los ordenadores. Por tanto, la relación en la que figuraba Curiel tuvo que introducirse después.

Cuando Enrique Curiel fue detenido, el policía nacional de servicio en el control de fronteras le preguntó si había estado detenido con anterioridad, ya que así parecía señalarlo el ordenador. Poco después se le comunicó que se trataba de "un error".

El 21 de marzo, el mando policial abrió una información para delimitar responsabilidades y conocer en qué fecha fue introducida esta relación, así como la identidad de los funcionarios que se encargaron del trabajo. Al mismo tiempo, se ordenó la destitución en sus respectivos destinos del subcomisario y de los dos inspectores de policía responsables de los servicios de frontera del aeropuerto, con mando sobre los policías nacionales que hacen servicios en los controles de pasaportes.

Las destituciones fueron censuradas por el Sindicato Profesional de Policía y el propio Curiel, quien pidió a Barrionuevo que levantara las sanciones. La Audiencia Territorial de Madrid dictó en octubre una sentencia por la que suspendía la decisión ministerial de traslado de los dos policías suspendidos.