La selección de funcionarios españoles para la CEE comenzará en septiembre
Los primeros concursos para la selección de los funcionarios españoles que deben cubrir los puestos que corresponden a nuestro país en los organismos comunitarios se iniciarán el próximo mes de septiembre. En junio aparecerán, tanto en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas como en los principales diarios españoles, los anuncios en los que se convocan estos concursos. Asimismo, mañana se celebrará en Madrid la primera reunión del grupo de trabajo hispano-comunitario que debe preparar todos los detalles técnicos de estos concursos.
Hasta ahora habían surgido serias discrepancias entre España y la CEE sobre este tema, al haberse roto unilateralmente, por parte de la Comisión Europea, el acuerdo alcanzado entre ambas partes en julio del pasado año, en el que se preveía que las modalidades de selección de los representantes españoles serían similares a las empleados en anteriores ampliaciones de la CEE.A consecuencia de las presiones de los sindicatos de funcionarios de la Comunidad, la anterior comisión, presidida por Gaston Thorn, en una de sus últimas decisiones rompió ese acuerdo e introdujo condiciones discriminatorias para nuestro país, que fueron rechazadas oficialmente por el Gobierno español.
El propio Felipe González expresó personalmente la queja española tanto al presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, como al comisario encargado de la ampliación, el italiano Lorenzo Natali.
Sin embargo, el pasado jueves día 16 la comisión jurídica del Parlamento Europeo emitió un informe -apoyado por los eurodiputados socialistas, aunque con la abstención del grupo democristiano- básicamente igual al acuerdo incialmente pactado entre España y la Comisión Europea, con lo que las aguas parecen volver, en principio, a su cauce.
Este informe de la comisión jurídica del Parlamento Europeo deberá ser votado en la próxima sesión plenaria del órgano legislativo de la CEE, que se celebrará en el mes de junio. Aunque es el Consejo de Ministros el que finalmente debe concretar las modalidades de selección de los funcionarios españoles y portugueses, deben emitirse previamente sendos informes por parte del Parlamento Europeo y por el Tribunal de Justicia de la CEE.
Hasta ahora las gestiones diplomáticas desplegadas por España para evitar que se aplique un trato discriminatorio para los intereses nacionales parecen haber dado resultado.
Apoyo político
El Gobierno elaboró el pasado 1 de abril un memorándum (en el que se exponían los acuerdos alcanzados así como los incumplimientos comunitarios) que ha sido repartido tanto en los organismos de la CEE como en las diferentes capitales europeas.Por el momento todos los Gobiernos de los 10 países miembros, así como los respectivos embajadores comunitarios, se han mostrado de acuerdo con los planteamientos españoles y han considerado que, tal y como se argumenta en el citado memorándum, no existen razones técnicas que justifiquen un trato diferente para la selección de funcionarios españoles.
En principio el grupo de trabajo hispano-comunitario, que celebrará mañana en Madrid su sesión inicial presidido por una funcionaria de la Comisión Europea, se encargará de analizar todos los problemas técnicos que plantea la selección de los denominados grados de base (A6, A7 y A8), de los que España podrá tener hasta un centenar.
Por el momento, la selección de estos funcionarios es la que no ofrece ningún tipo de problemas. Ambas partes están de acuerdo en que los candidatos deben enfrentarse a un concurso de méritos, así como a unas pruebas específicas. Por el momento aún se debe concretar si la selección de este grupo de funcionarios se realizará a través de un solo concurso general -como desea la CEE- o en fases diversas, como prefiere España.
Los concursos para cubrir los puestos de A3, A4 y A5 (puestos de mayor cualificación y que exigen mayor experiencia profesional) no se convocarán hasta que se solucionen las diferencias pendientes entre ambas partes. Por lo que respecta a los A1 y A2, su fórmula de selección no se abordará hasta que España no tenga sus representantes en la Comisión Europea.
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